Balance ambiental 2021
Desafíos y perspectivas 2022
Facilitación GTCCJ
El 2021, un año marcado por los intentos de volver a la normalidad en medio de latentes amenazas de nuevas olas de COVID-19, los desafíos de reactivación económica asumidos desde los estados, han dejado de lado la necesidad de repensar los horizontes del desarrollo considerando la importancia -y uno de principales aprendizajes de esta crisis sanitaria- como es el mantener ecosistemas sanos para mantener a raya las pandemias.
COP26 y un nuevo pacto climático: entre avances y retrocesos
El informe del Panel Intergubernametal de Cambio Climático (IPCC), difundido en agosto del 2021, alertaba con preocupación sobre los complicados escenarios de degradación planetaria y sus impactos en el cambio climático, que nos acercan a procesos de punto de no retorno. Si bien se esperaba que este informe presionará a los líderes convocados a la COP26, tanto para actuar, como para asumir compromisos, no fue suficiente para generar mayores niveles de determinación.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 26, celebrada en Glasgow, después de una larga espera por la pandemia, logró reafirmar el objetivo del Pacto de París de limitar el incremento de la temperatura media mundial a 2 °C por encima del nivel preindustrial y esforzarse por no superar 1,5 °C. Asimismo, determinó que los países elaboren planes climáticos más ambicioso para el próximo año, con el fin de alcanzar las emisiones netas cero para mediados de siglo, como también la reducción del carbón como fuente de energía y la eliminación gradual de subsidios a los combustibles fósiles, punto acordado en medio de controversias por la modificación del planteamiento inicial de “eliminar” por “reducir gradualmente”. Respecto a la financiación climática se ha pedido a los países desarrollados facilitar 100.000 millones de USD anuales con carácter de urgencia. (1)
Entre los nuevos pactos está el referido a los bosques, 137 países dieron un paso histórico al comprometerse a detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de las tierras de aquí al 2030.
Esta promesa está respaldada por 12.000 millones de USD de dinero público y 7.200 millones de USD de financiación privada. El gobierno de Bolivia no firmó este pacto, argumentando que “los bosques son la fuente de sustento, son la casa grande de las comunidades locales y pueblos indígenas, que tienen una relación espiritual y cultural con los bosques” (2) De todas formas, siendo que gobiernos como Brasil -muchas veces con políticas contrarias a la conservación de los bosques- figuran en el pacto, la real importancia de esta declaración dependerá de que no sea solo un enunciado de buena voluntad o incluso una estrategia para la expansión de falsas soluciones.
En las calles, desde la sociedad civil, los pueblos indígenas y jóvenes se visibilizaron como actores indispensables. Actores que, desde su llamado acciones concretas, revitalizaron una conferencia que aún hace muy poco por incluir voces y experiencias de quienes están siendo afectados -en primera línea- por la crisis climática. Asimismo, de manera paralela la Cumbre de los pueblos por la justicia Climática, fue un escenario para amplificar las voces de los sures globales, que alertan sobre falsas soluciones, como también sobre la necesidad de plantear procesos de transición justa, la cual no debe significar incrementar la precarización de la vida de trabajadores, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.
Está claro que la COP26 no terminó con los resultados esperados, en tanto no logró objetivos vinculantes, por lo que queda mucho por accionar frente al cambio climático. Y si bien se espera que los países y sus gobiernos se hagan responsables de los acuerdos firmados y asuman acciones para enfrentar el cambio climático, será importante la organización de la sociedad para demandar medidas a los gobiernos y accionar procesos de transición.
Bolivia: entre la continuidad de los problemas ambientales
En Bolivia la vulneración ambiental y la crisis climática no han sido una excepción. De alguna manera los principales problemas reflejan una continuidad de lo ocurrido en gestiones anteriores, como es el caso de la deforestación, los incendios forestales, la ampliación de la frontera agrícola, pero a su vez la ratificación de una economía y de un modelo de desarrollo con base a la explotación y extracción de recursos naturales.
El 2021, los incendios forestales no dejaron de ser uno de los grandes problemas ambientales y afectaron de manera notable grandes extensiones de áreas protegidas, siendo la ganadería y la expansión de la frontera agrícola las principales causas asociadas.
Según el informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) Bolivia (3), hasta el 15 de octubre del 2021, se superó las 3.4 millones de hectáreas quemadas, concentrando Santa Cruz y Beni el 94% de los incendios. Asimismo, apunta que la superficie de bosques afectados se aproxima a 688 mil hectáreas, es decir el 20,1% de las áreas quemadas a nivel nacional. En el caso de Santa Cruz, departamento con mayor extensión quemada, el 35% afectaron áreas de bosques, alcanzando significativamente áreas naturales protegidas.
Además de los efectos y la pérdida de biodiversidad que implican los incendios, una de las principales preocupaciones, es la posición laxa asumida por las autoridades ante este desastre ambiental, la cual queda bien reflejada en las declaraciones del viceministro Calvimontes, que señala “ las áreas protegidas no son necesariamente ricas en biodiversidad”, y a su vez, relativiza las quemas indicando que “la mayor parte de lo que se está quemando son los pantalanes, son pastizales”, posiciones que se reflejan en la ausencia de medidas preventivas.
Otro gran problema ambiental se vincula a la explotación minera. En los últimos años, principalmente la minería aurífera además del desvío de ríos, contaminación por mercurio, deslaves entre otros, ha generado impactos sociales. Y es en los territorios indígenas, donde los efectos dejan de ser abstractos y cobran complejidad, en tanto distintos interés y actores erosionan tramas comunitarias y generan territorios de sacrificio.
El Artículo 369 de CPE, señala que es responsabilidad del Estado, el fomento, promoción, fiscalización de toda la cadena productiva de la actividad minera, en ese sentido, el alarmante incremento en la importación de mercurio, que según el estudio realizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Bolivia importó en los últimos cuatro años, entre 647 y 1.366 toneladas de mercurio (4), además de las denuncias de presencia de extranjeros, de minería ilegal, reflejan el poco compromiso sociambiental asumido en torno a esta actividad extractiva.
Motivo por el cual -a fines del año pasado- llegó una carta desde la ONU, mostrando preocupación por estudios científicos que revelan niveles elevados de mercurio en muestras de cabellos de mujeres del pueblo Esse Ejja.
Por otra parte, contando con avances en el tema de energía se ha promulgado el Decreto Supremo Nº 4477 el 24 de marzo de 2021, respecto a la Generación Distribuida, dirigida a consumidores que emplean sistemas de generación eléctrica alternativa para su autoconsumo, quienes al estar conectados e inyectar electricidad a la red de distribución eléctrica, recibirán algún tipo de retribución. Si bien la promulgación de este decreto es un gran paso para Bolivia, es necesario mayor flexibilidad, financiamiento y agilidad para la instalación de sistemas de generación distribuida, puesto que generar procesos de transición energética requiere mayor respaldo del Estado, como también apropiación social, comunitaria y ciudadana. (5)
Pese a este avance, la sombra de proyectos hidroeléctricos como el mega proyecto hidroeléctrico Carrizal, que plantea el aprovechamiento de las aguas del río Camblaya, proyecto que fuentes oficiales (6) de la Empresa Nacional de Electrificación (Ende) figura como en etapa de preinversión, o de igual forma respecto a la central hidroeléctrica Rositas, que dentro del apartado proyectos ENDE Matriz (7), indica que su etapa de estudio concluye el 2022, no dejan de ser una preocupación latente por los efectos socioambientales que implica.
Asimismo, más allá de ver las continuidades de los problemas ambientales, como reflexiona Pablo Solón, lo anunciado en el nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social, nos señala la ruta, que el bobierno pretende seguir . Y es ahí donde las perspectivas a futuro se tornan más preocupantes, en tanto plantea posiciones como pasar de 10 a 18 millones de cabeza de ganado para el 2025, lo cual se traduce en mayor presión sobre la tierra, continuidad de procesos de deforestación e incendios forestales.
Por otro lado, el plan, no se posiciona ante el crisis de incendios forestales, como tampoco menciona mayores medidas de regulación del mercurio, pese a que el gobierno boliviano, el 2013 firmó el Convenio de Minamata, en el que se compromete a reducir el uso este metal en sus industrias, ante evidencias probadas de daños al medio ambiente y la salud de los seres vivos y poblaciones.
Es así, que la ausencia de políticas públicas con mayor compromiso con el cuidado del medio ambiente y de planes de mitigación ante la crisis climática, junto a lo esbozado en el plan de desarrollo 2021-2025, no es muy alentador en relación a los problemas socioambientales.
Desafíos y perspectivas
Dentro de este contexto y perspectiva de continuidad de crisis y emergencia climática, desde el GTCCJ consideramos que, pese a todos los desafíos, es también un momento fértil para la interpelación, reorganización y disputa por otras formas de organización, gestión, producción y relacionamiento entre nosotros y con la naturaleza.
En ese sentido, para el GTCCJ es importante:
- Trabajar en propuestas de alternativas al desarrollo, desde el cuidado y protección del medio ambiente.
- Promover y fortalecer una sociedad civil informada, comprometida, solidaria y organizada que pueda construir sinergias frente a las diferentes luchas por la justicia climática.
- Promover una transición energética justa y equitativa, como un proceso de construcción participativo, popular desde y para los pueblos y comunidades.
- Difundir la importancia de seguir potenciando la agroecología, los circuitos cortos, comercio de proximidad y los huertos familiares como una respuesta para enfrentar la crisis climática y un modelo alternativo al desarrollo.
- Presentar a distintos niveles de gobierno, propuestas desde la sociedad civil organizada y movilizada, ejercer control social y demandar e incidir en políticas públicas.
El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) como red interinstitucional está integrada por 40 instituciones, organizaciones y colectivos que, en su gran mayoría, se encuentran realizando acciones en relación a la transión energética, el cambio climático, las políticas extractivistas y la producción de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria en las diferentes zonas de intervención sean estas rurales o urbanas/periurbanas.