Derechos de la naturaleza, derechos indígenas y humanos:
¿retórica “de moda” o prácticas tangibles?
Por Rocío Estremadoiro
Las luchas por los territorios constituyen la base para la búsqueda de modelos alternativos al desarrollo, otorgándole respeto y dignidad a los derechos humanos, derechos indígenas y los derechos de la naturaleza. El presente artículo analiza estos temas en las propuestas de los tres partidos: BDN-21F, MAS y CC e interpela hasta qué punto la incorporación de estos derechos, se conservan en una retórica de moda o transitan hacia practicas tangibles.
Dada la crisis ambiental y climática que asola al planeta, la humanidad parece haber llegado a un punto de quiebre respecto a su relación con la naturaleza y el resto de los seres vivos. Como dice Antonio Elizalde, o continuamos con un patrón suicida de relacionamiento con el entorno que nos rodea condenando a la especie humana a un futuro incierto, o cambiamos.
En el caso de Bolivia la crisis ambiental se agrava por el hecho de que, históricamente, el patrón de desarrollo se ha basado –y se basa- en un modelo extractivista/desarrollista muy dependiente de rubros extractivos como hidrocarburos, minería y agroindustria; eso sumado a gestiones públicas que pocas veces han tomado el tema ambiental con la seriedad e institucionalidad que se requiere. Las consecuencias de ello se reflejan en áreas protegidas constantemente vulneradas, reducción de áreas verdes, destrucción de patrimonios naturales en ciudades y comunidades, y primacía de una lógica “civilizatoria” en la que la naturaleza parece incomodar. Esta situación está haciendo que la calidad de vida de los bolivianos deje mucho que desear. Es absurdo no admitir que el desequilibrio ambiental nos afecta a todos/as.
Debido a ello, en parte gracias a la iniciativa de movimientos ciudadanos y civiles, la temática ambiental se convirtió en una urgencia y en eje importante de la agenda pública y mediática, al punto de que hasta parece una “moda”, esperemos que no pasajera. Por ende, los gobiernos, los organismos de la sociedad civil, etc., se han visto en la obligación de abordar alternativas que susciten un enfoque más equilibrado en la gestión del relacionamiento con la naturaleza y el espacio público.
En ese sentido, los partidos políticos que están en carrera electoral para las elecciones presidenciales de 2019, también se han sumado a esta tendencia y han incorporado en sus propuestas de gobierno (directa o indirectamente) derechos relacionados con el resguardo de la naturaleza y sus seres vivos. Este es el caso del Movimiento al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No (BDN-21F).
Por otra parte, la aceptación mundial de los derechos de tercera generación (derechos a la diferencia) y derechos de cuarta generación (derechos ambientales), y la profundización de derechos de primera y segunda generación (enmarcados en los Derechos Humanos Universales), hace que los derechos indígenas y humanos sean apartados cruciales en las agendas, a lo que hacen eco estos partidos políticos. Abundantes son las propuestas sobre derechos ambientales, indígenas y humanos; cada uno desde su propia perspectiva de desarrollo y posición ideológica que los representa.
Sin embargo, hay un común denominador que comparten estas fuerzas políticas: el pragmatismo de asumir que la economía boliviana todavía depende de los recursos naturales, la industria y el extractivismo. En el marco de ese círculo vicioso, cabría inquirir si es posible el resguardo de derechos ambientales, indígenas y humanos desde modelos en los que aún persisten los imaginarios desarrollistas y las prácticas extractivistas. ¿Hasta qué punto la incorporación de estos derechos es una interpelación discursiva, pero adoptando, en el fondo y en la práctica, un modelo “compatible” con el rol histórico de Bolivia en la economía mundial?
Por ejemplo, llama la atención del programa del MAS. Después de ahondar en un modelo esencialmente extractivista estatal, es recurrente el discurso y el simbolismo del respeto a los derechos de la “Madre Tierra”, inclusive subrayando, en varias pautas de su propuesta, que fue un logro de sus gobiernos el haber llevado a “foros internacionales” el respeto a la “Madre Tierra”. Luego, prometen materializar similar política si ganan las elecciones. En otras palabras, al tiempo en que Bolivia se introduce a procesos extractivos extensivos que depredan la naturaleza, se impulsan los “derechos de la Madre Tierra” como enunciaciones que validan ante la comunidad internacional actitudes depredadoras de derechos ambientales. Los derechos ambientales quedan en románticos discursos a ser cómodamente promovidos en “foros internacionales”.
Adicionalmente, genera dudas el impulso y profundización de derechos indígenas y humanos en un contexto en el que prima una institucionalidad débil, la cooptación de los aparatos del Estado en miras a la eliminación de los contrapesos y praxis con tintes autoritarios, lo que circunscribe el avasallamiento constante de territorios indígenas.
Así, salta a la vista lo contradictorio de la convivencia de paradigmas que en la retórica y las buenas intenciones, catalogan a la naturaleza como sujeto de derechos o enarbolan formas de relacionamiento con el entorno distintas al enfoque utilitarista (pueblos indígenas), mientras en las políticas públicas tangibles se sustentan patrones que promulgan lo opuesto: La naturaleza y los territorios como objeto de “aprovechamiento” que, en las condiciones estructurales del país, suele ser irresponsable y destructivo.
Publicación realizado en el marco y por solicitud del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ).
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El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) como red interinstitucional está integrada por 40 instituciones, organizaciones y colectivos que, en su gran mayoría, se encuentran realizando acciones en el marco de la producción de alimentos lo que representa a su vez, garantizar la seguridad alimentaria en las diferentes zonas de intervención sean estas rurales o urbanas/periurbanas