Entre soberanía alimentaria, bosques y agronegocio
Por Daniel de la Fuente
El actual sistema agro alimentario nos demuestra su insostenibilidad ambiental y social, en desmedro de la soberanía alimentaria y el derecho a una alimentación sana. El presente artículo dilucida qué las propuestas de los tres partidos: BDN-21F, MAS y CC, en relación a la soberanía alimentaria y bosques es reducida concentrando sus propuestas al agro negocio y commodities.
La soberanía alimentaria surge como reclamo y propuesta política de pequeños productores campesinos e indígenas rurales organizados frente al expansionismo agro productor que prioriza las exportaciones y la industrialización de alimentos como formas de acumulación de capital. Estas formas de producción no solamente amenazan la soberanía alimentaria al deteriorar las cadenas alimentarias locales de un país, sino también generan desequilibrios de poder en la administración democrática de recursos naturales que permiten solucionar el problema del hambre. En este sentido, cualquier propuesta política que impulse acciones y estrategias alimentarias basadas en la producción agroexportadora (industrializada o no), amenaza las posibilidades de construir una política nacional que ponga en práctica la soberanía alimentaria.
En los comicios presidenciales de Bolivia del 2019, tres partidos políticos lideran las encuestas de popularidad de voto: el Movimiento Al Socialismo (MAS-ISPS), Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No (BDN-21F). El análisis de sus propuestas de gobierno revela que CC y BDN-21F no han establecido como eje estratégico el impulso de una política de soberanía alimentaria. En cambio, el MAS sí, pero las acciones que propone no corresponden a la promoción de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, en el caso específico del MAS, proponen incrementar la cobertura de hierro y zinc, la asistencia escolar y el impulso de la lactancia para disminuir la desnutrición y la anemia infantil, en vez de impulsar una cadena alimentaria que garantice el consumo de una dieta balanceada de producción local.
Una singularidad particular entre los tres partidos es que conciben y promueven a la agricultura como un sistema de producción “motor de la economía” que, además, incorpora a la ruralidad como agente del crecimiento económico y aseguramiento de la oferta alimentaria internacional. Ya sea desde un discurso de inclusión social o de democratización de las oportunidades de producción y participación económica, el sistema de producción agrícola es generador de empleo, es decir, el sistema agroalimentario no sólo produce alimentos, sino también excedentes y trabajo.
Sin embargo, la incorporación de los campesinos o los pequeños productores rurales en las formas de producción de grandes capitales profundiza la mercantilización de la naturaleza y amenaza la soberanía alimentaria, a su vez que demanda mayor importancia a modelos de producción agrícola dominantes por sobre modelos locales de producción. La soberanía alimentaria se basa en la capacidad de control que tiene el individuo o su comunidad (agregado social) sobre el sistema agroalimentario que le permite llevar la comida a la mesa de su familia o de sí mismo. Esto implica tomar control sobre las semillas, el agua de riego, el territorio (no extensivo), el acceso a formas de gobierno para la autogestión ambiental, etc. No implica comerciar el alimento como commodity en un mercado de competencia imperfecta donde los grandes capitales regulan los precios y condicionan las posibilidades de acceso a mercados de pequeños productores.
La soberanía alimentaria, así como cualquier otra soberanía que involucra una relación política entre hombre y naturaleza, busca disminuir los desequilibrios de poder y control democrático que se originan en las relaciones capitalistas de producción y distribución de capital y recursos. Cuando la Vía Campesina propuso el concepto de Soberanía Alimentaria en 1996, el objetivo era lograr la transformación y democratización del sistema alimentario considerando la toma de decisiones de los que consumen y producen alimentos, y no la de los actores del agronegocio.
En medio del debate, quedan los bosques y otros ecosistemas naturales. La soberanía alimentaria profesa la inclusión de los bosques como una fuente proveedora de múltiples servicios ecosistémicos y alimentos. De hecho, promueve una dependencia a la sostenibilidad de las condiciones ecológicas del bosque. Pero la commoditización del alimento, sea en mayor o menor grado presente en las tres propuestas de gobierno, genera presión a los bosques. Con los modelos de producción agroalimentaria propuesta por el MAS, CC y BDN-21F no es posible asegurar que se prime una institucionalidad que proteja a los árboles en pie ni el suelo forestal. ¿Son estas propuestas de gobierno instrumentos políticos para la generación de políticas de soberanía alimentaria e institucionalización de la protección de los bosques?, ¿o son simplemente propuestas de desarrollo económico? Inevitablemente el extractivismo agrícola requiere amplios espacios de producción; lamentablemente muchas veces estos espacios están poblados por bosques y otros ecosistemas naturales que podrían potenciar políticas de soberanía alimentaria.
Publicación realizado en el marco y por solicitud del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ).
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El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) como red interinstitucional está integrada por 40 instituciones, organizaciones y colectivos que, en su gran mayoría, se encuentran realizando acciones en el marco de la producción de alimentos lo que representa a su vez, garantizar la seguridad alimentaria en las diferentes zonas de intervención sean estas rurales o urbanas/periurbanas