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Derechos de la naturaleza, derechos indígenas y humanos: ¿retórica “de moda” o prácticas tangibles?

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Derechos de la naturaleza, derechos indígenas y humanos:

¿retórica “de moda” o prácticas tangibles?

Por Rocío Estremadoiro

Las luchas por los territorios constituyen la base para la búsqueda de modelos alternativos al desarrollo, otorgándole respeto y dignidad a los derechos humanos, derechos indígenas y los derechos de la naturaleza. El presente artículo analiza estos temas en las propuestas de los tres partidos: BDN-21F, MAS y CC e interpela hasta qué punto la incorporación de estos derechos, se conservan en una retórica de moda o transitan hacia practicas tangibles.

Dada la crisis ambiental y climática que asola al planeta, la humanidad parece haber llegado a un punto de quiebre respecto a su relación con la naturaleza y el resto de los seres vivos. Como dice Antonio Elizalde, o continuamos con un patrón suicida de relacionamiento con el entorno que nos rodea condenando a la especie humana a un futuro incierto, o cambiamos.

En el caso de Bolivia la crisis ambiental se agrava por el hecho de que, históricamente, el patrón de desarrollo se ha basado –y se basa- en un modelo extractivista/desarrollista muy dependiente de rubros extractivos como hidrocarburos, minería y agroindustria; eso sumado a gestiones públicas que pocas veces han tomado el tema ambiental con la seriedad e institucionalidad que se requiere. Las consecuencias de ello se reflejan en áreas protegidas constantemente vulneradas, reducción de áreas verdes, destrucción de patrimonios naturales en ciudades y comunidades, y primacía de una lógica “civilizatoria” en la que la naturaleza parece incomodar. Esta situación está haciendo que la calidad de vida de los bolivianos deje mucho que desear. Es absurdo no admitir que el desequilibrio ambiental nos afecta a todos/as.

Debido a ello, en parte gracias a la iniciativa de movimientos ciudadanos y civiles, la temática ambiental se convirtió en una urgencia y en eje importante de la agenda pública y mediática, al punto de que hasta parece una “moda”, esperemos que no pasajera. Por ende, los gobiernos, los organismos de la sociedad civil, etc., se han visto en la obligación de abordar alternativas que susciten un enfoque más equilibrado en la gestión del relacionamiento con la naturaleza y el espacio público.

En ese sentido, los partidos políticos que están en carrera electoral para las elecciones presidenciales de 2019, también se han sumado a esta tendencia y han incorporado en sus propuestas de gobierno (directa o indirectamente) derechos relacionados con el resguardo de la naturaleza y sus seres vivos. Este es el caso del Movimiento al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No (BDN-21F).

Por otra parte, la aceptación mundial de los derechos de tercera generación (derechos a la diferencia) y derechos de cuarta generación (derechos ambientales), y la profundización de derechos de primera y segunda generación (enmarcados en los Derechos Humanos Universales), hace que los derechos indígenas y humanos sean apartados cruciales en las agendas, a lo que hacen eco estos partidos políticos. Abundantes son las propuestas sobre derechos ambientales, indígenas y humanos; cada uno desde su propia perspectiva de desarrollo y posición ideológica que los representa.

Sin embargo, hay un común denominador que comparten estas fuerzas políticas: el pragmatismo de asumir que la economía boliviana todavía depende de los recursos naturales, la industria y el extractivismo. En el marco de ese círculo vicioso, cabría inquirir si es posible el resguardo de derechos ambientales, indígenas y humanos desde modelos en los que aún persisten los imaginarios desarrollistas y las prácticas extractivistas. ¿Hasta qué punto la incorporación de estos derechos es una interpelación discursiva, pero adoptando, en el fondo y en la práctica, un modelo “compatible” con el rol histórico de Bolivia en la economía mundial?

Por ejemplo, llama la atención del programa del MAS. Después de ahondar en un modelo esencialmente extractivista estatal, es recurrente el discurso y el simbolismo del respeto a los derechos de la “Madre Tierra”, inclusive subrayando, en varias pautas de su propuesta, que fue un logro de sus gobiernos el haber llevado a “foros internacionales” el respeto a la “Madre Tierra”. Luego, prometen materializar similar política si ganan las elecciones. En otras palabras, al tiempo en que Bolivia se introduce a procesos extractivos extensivos que depredan la naturaleza, se impulsan los “derechos de la Madre Tierra” como enunciaciones que validan ante la comunidad internacional actitudes depredadoras de derechos ambientales. Los derechos ambientales quedan en románticos discursos a ser cómodamente promovidos en “foros internacionales”.

Adicionalmente, genera dudas el impulso y profundización de derechos indígenas y humanos en un contexto en el que prima una institucionalidad débil, la cooptación de los aparatos del Estado en miras a la eliminación de los contrapesos y praxis con tintes autoritarios, lo que circunscribe el avasallamiento constante de territorios indígenas.

Así, salta a la vista lo contradictorio de la convivencia de paradigmas que en la retórica y las buenas intenciones, catalogan a la naturaleza como sujeto de derechos o enarbolan formas de relacionamiento con el entorno distintas al enfoque utilitarista (pueblos indígenas), mientras en las políticas públicas tangibles se sustentan patrones que promulgan lo opuesto: La naturaleza y los territorios como objeto de “aprovechamiento” que, en las condiciones estructurales del país, suele ser irresponsable y destructivo.

Publicación realizado en el marco y por solicitud del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ).

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El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) como red interinstitucional está integrada por 40 instituciones, organizaciones y colectivos que, en su gran mayoría, se encuentran realizando acciones en el marco de la producción de alimentos lo que representa a su vez, garantizar la seguridad alimentaria en las diferentes zonas de intervención sean estas rurales o urbanas/periurbanas

Agroquímicos

Entre soberanía alimentaria, bosques y agronegocio

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Entre soberanía alimentaria, bosques y agronegocio

Por Daniel de la Fuente

El actual sistema agro alimentario nos demuestra su insostenibilidad ambiental y social, en desmedro de la soberanía alimentaria y el derecho a una alimentación sana. El presente artículo dilucida qué las propuestas de los tres partidos: BDN-21F, MAS y CC, en relación a la soberanía alimentaria y bosques es reducida concentrando sus propuestas al agro negocio y commodities.

La soberanía alimentaria surge como reclamo y propuesta política de pequeños productores campesinos e indígenas rurales organizados frente al expansionismo agro productor que prioriza las exportaciones y la industrialización de alimentos como formas de acumulación de capital. Estas formas de producción no solamente amenazan la soberanía alimentaria al deteriorar las cadenas alimentarias locales de un país, sino también generan desequilibrios de poder en la administración democrática de recursos naturales que permiten solucionar el problema del hambre. En este sentido, cualquier propuesta política que impulse acciones y estrategias alimentarias basadas en la producción agroexportadora (industrializada o no), amenaza las posibilidades de construir una política nacional que ponga en práctica la soberanía alimentaria.

En los comicios presidenciales de Bolivia del 2019, tres partidos políticos lideran las encuestas de popularidad de voto: el Movimiento Al Socialismo (MAS-ISPS), Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No (BDN-21F). El análisis de sus propuestas de gobierno revela que CC y BDN-21F no han establecido como eje estratégico el impulso de una política de soberanía alimentaria. En cambio, el MAS sí, pero las acciones que propone no corresponden a la promoción de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, en el caso específico del MAS, proponen incrementar la cobertura de hierro y zinc, la asistencia escolar y el impulso de la lactancia para disminuir la desnutrición y la anemia infantil, en vez de impulsar una cadena alimentaria que garantice el consumo de una dieta balanceada de producción local.

Una singularidad particular entre los tres partidos es que conciben y promueven a la agricultura como un sistema de producción “motor de la economía” que, además, incorpora a la ruralidad como agente del crecimiento económico y aseguramiento de la oferta alimentaria internacional. Ya sea desde un discurso de inclusión social o de democratización de las oportunidades de producción y participación económica, el sistema de producción agrícola es generador de empleo, es decir, el sistema agroalimentario no sólo produce alimentos, sino también excedentes y trabajo.

Sin embargo, la incorporación de los campesinos o los pequeños productores rurales en las formas de producción de grandes capitales profundiza la mercantilización de la naturaleza y amenaza la soberanía alimentaria, a su vez que demanda mayor importancia a modelos de producción agrícola dominantes por sobre modelos locales de producción. La soberanía alimentaria se basa en la capacidad de control que tiene el individuo o su comunidad (agregado social) sobre el sistema agroalimentario que le permite llevar la comida a la mesa de su familia o de sí mismo. Esto implica tomar control sobre las semillas, el agua de riego, el territorio (no extensivo), el acceso a formas de gobierno para la autogestión ambiental, etc. No implica comerciar el alimento como commodity en un mercado de competencia imperfecta donde los grandes capitales regulan los precios y condicionan las posibilidades de acceso a mercados de pequeños productores.

La soberanía alimentaria, así como cualquier otra soberanía que involucra una relación política entre hombre y naturaleza, busca disminuir los desequilibrios de poder y control democrático que se originan en las relaciones capitalistas de producción y distribución de capital y recursos. Cuando la Vía Campesina propuso el concepto de Soberanía Alimentaria en 1996, el objetivo era lograr la transformación y democratización del sistema alimentario considerando la toma de decisiones de los que consumen y producen alimentos, y no la de los actores del agronegocio.

En medio del debate, quedan los bosques y otros ecosistemas naturales. La soberanía alimentaria profesa la inclusión de los bosques como una fuente proveedora de múltiples servicios ecosistémicos y alimentos. De hecho, promueve una dependencia a la sostenibilidad de las condiciones ecológicas del bosque. Pero la commoditización del alimento, sea en mayor o menor grado presente en las tres propuestas de gobierno, genera presión a los bosques. Con los modelos de producción agroalimentaria propuesta por el MAS, CC y BDN-21F no es posible asegurar que se prime una institucionalidad que proteja a los árboles en pie ni el suelo forestal. ¿Son estas propuestas de gobierno instrumentos políticos para la generación de políticas de soberanía alimentaria e institucionalización de la protección de los bosques?, ¿o son simplemente propuestas de desarrollo económico? Inevitablemente el extractivismo agrícola requiere amplios espacios de producción; lamentablemente muchas veces estos espacios están poblados por bosques y otros ecosistemas naturales que podrían potenciar políticas de soberanía alimentaria.

Publicación realizado en el marco y por solicitud del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ).

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Patrón extractivista: “Progreso” y exportación

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Patrón extractivista:

“Progreso” y exportación

Por Rocío Estremadoiro

El GTCCJ considera que la crisis climática, energética, alimentaria, son efecto de las causas sistemáticas y estructurales del actual modelo de desarrollo. El presente artículo evidencia qué las propuestas de los tres partidos: BDN-21F, MAS y CC, reproducen este modelo basado en lógicas de acumulación, y que bajo los rótulos de: sostenible, verde o nueva industrialización, adolecen de propuestas alternativas al desarrollo.

La palabra “progreso” se repite infinidad de veces en el programa de Bolivia Dice No (BDN-21F) para estas elecciones de octubre de 2019. En el programa del Movimiento al Socialismo (MAS) el énfasis constante está con la “industrialización”, y en el de Comunidad Ciudadana (CC) se propone una “nueva industrialización” o “industrialización verde”.

Aunque con matices, en los tres programas se refleja el pragmatismo de una Bolivia que depende de los hidrocarburos, los minerales, la agroindustria y otros rubros caracterizados por ser extractivos. Tendrá que ver nuestra historia y formación social que nos imprimió, justamente, aquella dependencia. La inquietud es si debemos resignarnos y asumir que Bolivia nunca saldrá del patrón extractivo y ello a pesar de la emergencia ambiental que, cada vez con más intensidad, vive el país

Relacionado con aquello, otro factor similar a resaltar de los tres programas partidarios es el imaginario “desarrollo” que se ampara en ese molde y donde prima una visión que cataloga a lo que nos rodea como conjunto de objetos/recursos; la percepción de “progreso” que concibe a naturaleza como síntoma de “barbarie”; la idea de una “civilización” humeante, llena de enormes infraestructuras y pelada de vegetación.

En el caso de BDN-21F esa tendencia llega a la exageración al recordar, incluso, la ortodoxia desarrollista de la matriz liberal en la que se ampararon las dictaduras de las décadas de 1960 y 1970 en América Latina y, específicamente, las dictaduras de Barrientos y Banzer. No olvidemos que Barrientos abogaba por “el desarrollo nacional en base a fuertes inversiones del capital privado”. Por su parte, recordemos que en la dictadura banzerista estaba presente la idea de la “modernización” de Bolivia a través del fomento a la empresa privada exportadora relacionada con el agronegocio, la minería y los hidrocarburos, tendencia que continuó, aunque con menos intensidad, en la era “neoliberal”. Desde ese enfoque, el “progreso” suele implicar grandes y ostentosas infraestructuras, ciudades “ordenadas” de acuerdo con una idea de modernidad que se centra en el comercio, el cemento, el consumo y la farándula, y la visión utilitarista del aprovechamiento de la naturaleza.

Lo paradójico es que el programa del MAS no dista mucho en estos aspectos. El centro de su propuesta de desarrollo sigue siendo el extractivismo a partir, principalmente, de los hidrocarburos, los minerales y energía. Igualmente, se remiten a la importancia del agronegocio y de la apertura de mercados para las exportaciones. La oferta es que la “industrialización” de aquellos recursos primarios, nos sacaría de la dependencia. El asunto es que, ¿hace cuánto en la historia del país subsiste esta promesa? Siempre se habló de que la industrialización de los recursos extractivos sería la base del desarrollo nacional y hasta hoy sólo significó la acumulación de pocos sectores y una verdadera estafa. Entonces, la diferencia entre la propuesta del MAS con la de BDN-21F, es que el MAS plantea un extractivismo estatista y BDN-21F un extractivismo liberal.

Por otro lado, CC propone un modelo de desarrollo que no queda lo suficientemente claro. En su programa indican que no será ni estatista/populista ni neoliberal, pero, de todas maneras, son eje importante de su plan la explotación de los recursos extractivos como hidrocarburos, minerales y agroindustriales, aunque, a partir de lo que ellos llaman “nueva industrialización” o “industrialización verde”.  Enarbolan el “desarrollo sostenible”, comprendido como una economía diversificada con empleos dignos, un desarrollo ético con una “economía verde y circular”, que incluiría la explotación de hidrocarburos y minerales, pero respetando las áreas protegidas, pueblos indígenas y naturaleza. El cuestionamiento es si esto último es posible mediante la primacía de un patrón basado en rubros cuyo espíritu no sólo remite a los cánones que comprenden la existencia de la naturaleza y los seres vivos sólo para brindar servicios y beneficios al ser humano, sino a aquellas prácticas cuya lógica es la acumulación. Y, dada la históricamente enclenque institucionalidad boliviana, ¿será posible controlar y regular esas pautas?

En suma, el tema del cuidado del medioambiente está presente en las tres propuestas partidarias. No obstante, nos preguntamos si aquello, por las razones anteriormente anotadas, no pasa de ser una cuestión retórica y de buenas intenciones. Son ineludibles las siguientes preguntas: ¿Será posible el respeto y resguardo de la naturaleza bajo la primacía del patrón extractivista? ¿Qué alternativa tangible se puede contraponer a la práctica depredadora y asimétrica de la lógica extractivista en un momento donde comienzan a surgir los problemas ambientales y sociales? ¿Es viable la articulación de un modelo respetuoso de la naturaleza con la economía mundial globalizada? ¿Cómo se podrían neutralizar los intereses de las plutocracias extractivas en Estados de institucionalidad débil?

Finalmente, coincidimos con la afirmación de Antonio Elizalde en su “Ética ambiental: la bioética y la dimensión humana del desarrollo sustentable. Valores y redes de solidaridad”: Una salida a los problemas societales y ambientales necesariamente partirá de un cambio en las actitudes, lo que suele ser un proceso más complejo y difícil, y más aún cuando se trata de la clase política boliviana. Esperemos no sea imposible.

Publicación realizado en el marco y por solicitud del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ).

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Producción y consumo de alimentos en la agenda del GTCCJ

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¿Las alternativas alimentarias son posibles?

Un aporte del GTCCJ en Bolivia

El actual sistema agro alimentario se caracteriza por una concentración de poder de transnacionales que definen los sistemas de producción, distribución y consumo. Pareciera en este contexto que estamos forzados a regirnos bajo este sistema, sin embargo, frente a ello, se encuentran tejiendo alternativas alimentarias desde diferentes acciones en Bolivia.

Recientemente se ha puesto de moda las palabras: agroecología, orgánico, consciente, ecológico entre otras. La producción y consumo de alimentos como se la designe debe cuestionar la lógica mercantil y el desarrollo del actual sistema agroalimentario.

Desde lo productivo, rescatar elementos con un enfoque agro ecológico, para una transición de un sistema agro alimentario dependiente de insumos químicos y externos a una más armoniosa con la naturaleza principalmente. Una de las apuestas en este ámbito, se la implementa en huertos urbanos/periurbanos, familiares, escolares, posiblemente comunales. En algunos casos la gestión de residuos para compostaje acompaña a este proceso productivo.

Sin embargo, esta acción productiva genera cierta disonancia al perfilarse como una transición al desarrollo, entendiendo a ésta como:

Un conjunto de políticas, estrategias y acciones que abordan los impactos y problemas del desarrollo convencional actual, con el propósito de salir de esta condición adoptando alternativas más allá de ese desarrollo. Estas alternativas están enfocadas en erradicar la pobreza, asegurar una buena vida para las personas y protección de la naturaleza.

(Gudynas, 2012)

Los huertos con enfoque agroecológico desde algunas lecturas no son suficientes para garantizar una seguridad alimentaria a grande escala, siendo solamente a un nivel familiar. La implementación del huerto por sí misma y bajo esta lectura no interpelan lo suficiente para constituirse como una transición al desarrollo.

Desde la comercialización, la apuesta es construir canales cortos basado en economía colaborativa y acercando a los productores y consumidores para decisiones informadas de compra e intercambio de saberes.

El GTCCJ como articulador de experiencias alimentarias

El GTCCJ busca apoyar acciones locales y de incidencia social, sin embargo, se debe considerar que, para la construcción de transiciones y alternativas alimentarias, estas deben estar enfocadas a un empoderamiento en la comunidad para una sostenibilidad.

Durante el 2018, se inició una mesa de diálogo en 3 grupos regionales del GTCCJ, a saber: Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca para conocer e interpelar el debate en torno a experiencias de producción y consumo de alimentos, a su vez de identificar iniciativas y experiencias alentadoras en cuanto alternativas alimentarias.

En estos espacios de diálogo surgieron diferentes posiciones respecto a temas sensibles a la producción y consumo de alimentos, como es la: agro ecología, seguridad alimentaria, suelos, agua, cambio climático, políticas alimentarias, inversión en la agricultura, Planes de Desarrollo Territorial Integral (PTDI). Qué posiblemente son temas no resueltos en diferentes realidades locales y a nivel nacional. Pero qué como red interinstitucional no se procura responder a urgencias estructurales.

Reflexiones conjuntas en las mesas diálogo:

  • Surge la disyuntiva respecto a la “escala” asociando a la producción en huerto con prácticas agroecológicas, a una escala pequeña para un rendimiento y productividad reducida, no alcanzando a una escala grande para que los productores la consideren como una fuente principal para su diversificación de ingresos.
  • Otra discusión que se ha generado es el rol del productor campesino (rural/indígena), frente a la promoción de  huertos urbanos en las comunidades y ciudades.
  • Relegando la condición de proveedor de alimentos de los pequeños productores campesino e indígenas. Se ha generado una dualidad respecto a los tipos de agricultura en Bolivia y que está siendo debatida en espacios públicos.
    En el marco del IV Cuarto Foro Internacional Andino Amazónico de Desarrollo Rural realizado en la gestión de 2017, se ha contrastado posiciones interesantes.

De acuerdo a Albarracin (2017)

La agricultura urbana y la agricultura periurbana no están cuantificadas: su aporte al PIB no aparece en las estadísticas y por lo tanto no están valorizadas. ¿Qué es lo que está valorado en el PIB? La agricultura tradicional, la pecuaria, los cultivos agroindustriales, o sea aquellos cultivos cuyas superficies cultivadas y volúmenes de producción como soya, papa, maíz, girasol, tienen un impacto en los mercados; eso es lo que se mide y entra en las estadísticas. En las ciudades, la agricultura urbana y periurbana se está produciendo en superficies pequeñas (de 50, 100, 200 y en galpones de hasta 500 metros²) pero, por su tamaño, no son tomadas en cuenta. Por consiguiente, como no se cuantifican, no hay políticas nacionales, departamentales, locales ni inversión del Estado que puedan promover esta nueva agricultura y, por lo tanto, no se cuantifica el peso y valor que tienen en la alimentación de la gente de las ciudades.

1 El Andino Amazónico de Desarrollo Rural es una iniciativa conformada desde el año 2010 por cinco instituciones: Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIDES-UMSA), la Fundación Tierra, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), la Fundación ACLO y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). Interesados en abordar temas y problemáticas temas que atingen al mundo rural.

Esta reflexión discurre con el aporte del campesino/indígena en Bolivia en la seguridad alimentaria,

de acuerdo con Cartagena (2018):

El modelo de producción campesino indígena tiene una serie de beneficios que van más allá de la producción de alimentos. Es lamentable escuchar que los campesinos ya no producen alimentos, pero el rol del campesinado y del mundo rural va más allá de eso. Ellos participan en la economía del país, en el cuidado y conservación de áreas de bosque, de cuencas, conservan semillas, transmiten los saberes locales en torno a los recursos naturales, los recursos sinérgicos y eso no se valora.

  • Por otro lado, desde la mirada de algunas instituciones públicas, se descalifica a las instituciones, organizaciones y personas que fomentan a la agroecología como alternativa alimentaria, desde su enfoque, práctica y como movimiento emancipador para la soberanía alimentaria. La alternativa desde estas instancias, es promover una agricultura basada en innovación para incrementar rendimiento y productividad de monocultivos.
  • Finalmente, la normativa boliviana desde la Constitución Política del Estado (CPE) hasta la orientación de planes/programas sectoriales, está arrojando al país a un sector productivo dependiente y funcional del agro negocio cruceño. Un claro ejemplo son los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI) con una visión de mediano plazo (5 años), cuyos municipios debe adscribirse a este proceso de planificación territorial. Y donde la agricultura se encuentra en el marco de un componente económico con alta tecnificación para homogeneizar formas de producción agrícola desplazando al pequeño productor urbano/rural.

Identificación de transiciones y alternativas alimentarias

Si bien frente a un tema que es cotidiano en las prácticas personales y acciones institucionales como es la alimentación, el GTCCJ supone que tener un abordaje crítico aporta al debate y a un mejor acompañamiento de sus instituciones miembro y en las acciones que realizan.

Sin embargo, es importante distinguir que dentro una escala, debe considerarse iniciar procesos de diálogo con la comunidad, municipio sobre el valor de una producción/consumo sano, replicar los huertos en espacios donde pueda generar una transformación social en torno a lo que, como y quienes producen.

Es valorable que muchas instituciones del GTCCJ ya estén trabajando en esta etapa para consolidar un sistema agroalimentario sostenible. Sin embargo, para continuar con este esfuerzo el siguiente desafío es la comercialización/consumo diferenciado para estos productos, los cuales deben enfrentarse a mitos sobre su consumo, especialmente el acceso económico y físico.

En cuanto a las experiencias de organizaciones de consumidores, existen buenas iniciativas para llegar a la sociedad civil, sin embargo, el GTCCJ tiene un brazo investigativo y comunicacional con mucho potencial como es el:  Observatorio a la Gestión del Patrimonio Natural y Territorio, ya que uno de sus fines es:

Realizar y/o apoyar a titulares de derechos en iniciativas de incidencia política sobre normas o medidas públicas o privadas que amenacen o afecten derechos ambientales y sus efectos en la alimentación, además de la vulneración de derechos sociales y culturales

(Principio 5)

Incidencia a favor de las alternativas alimentarias

Finalmente, la incidencia es importante para visibilizar a las alternativas alimentarias, en este sentido para el GTCCJ la incidencia social es muy importante ya que posibilita un relacionamiento con actores de la sociedad civil para motivar, construir compromiso y acciones hacia transiciones a nuevos paradigmas más allá del desarrollo.

  • Albarracín, J (2017) Ponencia: Influencia e impactos de los procesos de urbanización en los sistemas de producción agropecuaria. Pág.27. Memoria del IV Cuarto Foro Internacional Andino Amazónico de Desarrollo Rural. CIPCA.
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  • Cartagena, P (2017)  Ponencia: Economía y producción campesino-indígena. Pág. 111. Memoria del IV Cuarto Foro Internacional Andino Amazónico de Desarrollo Rural.
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  • Gudynas, E et.al. (2012) Transiciones y alternativas vas al extractivismo en la región andina Una mirada desde Bolivia, Ecuador y Perú. REDGE. CEPES.
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