Balance ambiental 2023:
Desafíos globales y Resistencias locales
Facilitación GTCCJ
2023 destaca preocupaciones globales y locales sobre el colapso ecológico. A nivel internacional, se resalta el aumento de emisiones de carbono, conflictos armados y ambigüedades en la cumbre climática COP 28. Bolivia enfrenta deforestación, incendios, minería aurífera y escasez de agua. El GTCCJ busca resistir al extractivismo y promover la lucha por la justicia ambiental.
Tejiendo resistencias a pesar de la adversidad
Del año 2023 quedan algunas imágenes que retratan un mundo en colapso ecológico: el aumento generalizado de la temperatura, incendios devastadores en Canadá tormentas e inundaciones catastróficas en Libia y Brasil. Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión Europea, el pasado año fue el más caluroso desde que se iniciaron los registros en 1850. Las emisiones mundiales de carbono, derivadas principalmente de combustibles fósiles, se perfilan como el factor principal del aumento de la temperatura, alcanzando un nuevo máximo en 2023 con el incremento de 1,1% respecto a 2022.
Fuente de datos: ERA5. Crédito: C3S/ECMWF.
Este conflicto no solo trae consigo sufrimiento humano, sino también consecuencias significativas para la emergencia climática mundial. Un estudio reciente de la Universidad de Lancaster y del Climate and Community Project, revela que los efectos medioambientales de la guerra van más allá de las emisiones de CO2 producidas por aviones y bombas, superando durante los dos primeros meses de los conflictos en Gaza, la huella anual de carbono de más de 20 países vulnerables al cambio climático. Además, la reconstrucción de 100.000 edificios dañados “generará al menos 30 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero.
En medio de este panorama de emergencia creciente, la Cumbre mundial por el clima-COP 28, celebrada en noviembre del 2023 en Dubái generó preocupaciones sobre el incremento de la presencia de lobistas vinculados con la industria fósil. Amnistía internacional informó que los representantes de compañías petroleras y gasificas aumentaron de 636 -en la cumbre anterior- a aproximadamente 2.400. En relación al objetivo central de esta cumbre que planteaba poner fin a los combustibles fósiles, si bien es un avance el que haya quedado expuesta en el documento final, las formas para lograrlo siguen siendo ambiguas, abriendo la puerta a posibles falsas soluciones.
Frente a este escenario, activististas ambientalistas insisten en la necesidad de que las COPs toquen tierra, señalando la desconexión -e incluso los intereses contrapuestos- de quienes son parte de los lobbies empresariales y de quienes toman las decisiones políticas en este espacio, de las realidades y consecuencias cotidianas de la crisis climática, que vive la gente de a pie.
Aunque la COP 28 dejó muchas incógnitas, espacios como el Foro Social Panamazónico (FOSPA) se consolida como una alternativa que promueve la participación activa de las comunidades afectadas y la sociedad civil. Como bien interpelan los indígenas amazónicos “nada sobre nosotros sin nosotros” más allá de ser una consigna, ha permitido, como parte de las acciones preparatorias al FOSPA 2024, la elaboración colaborativa y presentación de documentos de propuestas para la Cumbre de Presidentes de la Amazonía, realizada en agosto del 2023.
Si bien el logro de compromiso de los estados para el cuidado de los ecosistemas, va más allá de la presentación de propuestas, al menos este espacio ha posibilitado un encuentro y diálogo amplio entre diversos sectores de la sociedad civil y poblaciones indígenas, buscando sortear el punto de no retorno en la crisis ambiental.
El 2023 también vio la victoria del Yasuní en Ecuador, resultado de la lucha sostenida desde 1996 por los pueblos afectados por las actividades petroleras y activistas ambientales; cerrando con este triunfo un proyecto petrolero activo, que significa la salida de las empresas explotadoras de este recurso del parque nacional Yasuní.
A pesar de los desafíos y las resistencias políticas, expresados en las declaraciones del expresidente Lasso, quien señalaba la inviabilidad de acatar en mandato popular debido a razones económicas, así como las resientes declaraciones de Noboa, presidente del Ecuador desde noviembre del 2023, que plantea la necesidad de “establecer una moratoria de al menos un año para la cumplir la aplicación de la consulta popular”, el SÍ al Yasuní marca un hito a nivel mundial y envía un claro mensaje sobre el poder de las estrategias surgidas desde las bases y la movilización social.
Otro acontecimiento significativo fue la sentencia Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, respecto al proyecto del Tren Maya. Veredicto que entre las medias de reparación ordena la restauración integral de los ecosistemas afectados, la suspensión de expropiaciones de tierras y la desmilitarización del territorio.
Así, a nivel internacional el año 2023, pese a los desafíos, ha sido testigo de avances que inspiran a trazar nuevos caminos, estrategias y esperanzas en medio de la adversidad.
La situación boliviana
Bolivia empezó el 2023 en el 3er lugar mundial de la mayor pérdida de bosques primarios (prístinos, sin intervención humana) con 385 mil hectáreas perdidas. La región más afectada fue el departamento de Santa Cruz, en los municipios de San Ignacio de Velasco, Charagua, Pailón, Concepción y San José de Chiquitos, y se estima que su afección continuó de manera similar para el año 2023.
El 70% de esta pérdida se debe a la agroindustria intensiva, principalmente para el cultivo de soya. En 2023 la soya y sus derivados representaron la tercera mayor exportación de Bolivia, generando ingresos de más de 2.000 millones de dólares. Según previsiones oficiales, se espera un alza histórica de su producción para 2024, lo que podría intensificar la deforestación.
El restante 30% de la pérdida de bosques se debe a los incendios forestales, que también son en su mayoría intencionados con fines agrícolas. En 2023 se registraron 3,3 millones de hectáreas quemadas, y un 56% se ubicaron en el departamento del Beni, seguido por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Según datos de Greenpeace, durante todo el año se registraron 279 mil focos de calor en el país, ubicando a Bolivia en el cuarto lugar con mayor cantidad de focos de calor en el mundo. A su vez, los incendios alcanzaron áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Noel Kempff Mercado en Santa Cruz, Pilón Laja y el Madidi en el Beni.
Consecuencias inmediatas de los incendios fueron la muerte de 13 personas y cientos animales. La mala calidad de aire y la propagación del humo derivó en la atención de 4.000 casos respiratorios y oculares en todo el país. Y por primera vez se suspendieron temporalmente las actividades educativas en Santa Cruz, Beni y La Paz para no afectar la salud respiratoria de los estudiantes.
A pesar de las cifras alarmantes y múltiples protestas para anular normativas que permiten incendios con fines agrícolas, como la Ley 741 y el decreto 3973, la estrategia del gobierno nacional para afrontar la pérdida de bosques aún no es firme, debido a la multiplicidad de responsabilidades e intereses económicos, especialmente del sector agroindustrial. El modelo de desarrollo extractivista no mide la gravedad de las consecuencias que se experimentarán por el cambio de uso de suelo, el aumento de temperatura, disminución de precipitación, que pueden tener efectos irreversibles en los ecosistemas.
Por otra parte, después del zinc, el oro generó la mayor cantidad de regalías mineras en Bolivia en 2023, alcanzando más de 2.200 millones de dólares. Y tras la aprobación de la “Ley del Oro” en ese mismo año, ahora el Banco Central puede comprar oro en moneda nacional y venderlo en dólares, destinando los ingresos para pagar la deuda externa y respaldar el tipo de cambio.
La minería aurífera en Bolivia, motivada por la actual fiebre del oro en mercados internacionales, buscó más aprobaciones durante el 2023, incluyendo la explotación en áreas naturales protegidas. Esto significó un riesgo para la salud y el medio ambiente de la Amazonía boliviana, pues se utiliza el mercurio para separar el oro de los sedimentos; a pesar de las prohibiciones del Convenio de Minamata, al cual Bolivia está suscrito, ya que el mercurio es una de las 10 sustancias químicas que más amenazan la salud pública.
Aun así, Bolivia importa mercurio de manera permisiva y generalmente pasa por alto su contrabando en operaciones de minería ilegales o con permisos en trámite. Esto agrava la situación pues no se contemplan adecuadas evaluaciones de impactos ambientales, e incrementan los riesgos a la salud de los pueblos amazónicos.
Algunas acciones de contención de la minería aurífera en 2023 fue la decisión de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de dejar de entregar autorizaciones para la explotación de oro en áreas naturales protegidas. También se llevó a cabo el “Foro Internacional de Minería Aurífera Responsable Sin de Mercurio en Bolivia”, como pasos previos para la elaboración de un Plan de Acción Nacional para el sector de la minería aurífera.
Sin embargo, la demanda del oro no se define por la producción sino por la demanda ambiciosa y especulativa de sectores privilegiados. El Consejo Mundial del Oro (WGC) estima que el 46% del oro termina transformado en joyas, 20% se emplea como inversión, un 17% son reservas de bancos centrales. Y según las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, quedan por extraerse unas 50.000 toneladas de oro en el mundo, con reservas considerables en el Amazonas. Al ritmo actual, quedan 20 años de una extracción más agresiva y contaminante del oro, debido a que se convertirá en un bien escaso.
Finalmente, la escasez de agua marcó un acontecimiento desfavorable durante el 2023, pues declaró en emergencia a 290 municipios de 7 de los 9 departamentos, afectando a más de 553.645 familias, 25.000 hectáreas de cultivos y 163.000 cabezas de ganado. Esto sucedió en algunas zonas secas de Santa Cruz, pero sobre todo en el altiplano y valles andinos, donde lugares como Potosí tuvieron racionamientos de agua que aún no finalizan, y otros empezaron campañas y cumbres para la concientización y propuesta sobre el uso y gestión del agua.
También las autoridades bolivianas y peruanas han declarado este año una alerta por la disminución crítica del nivel del agua del Lago Titicaca, la más baja desde 1996. Investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) pronostican que para el año 2050 ya no existirá este cuerpo de agua.
Las razones principales de escasez del agua del 2023 se atribuyen al fenómeno de El Niño, que provoca precipitaciones e inundaciones en tierras bajas, y bajas precipitaciones con sequías en zonas altiplánicas. Además, el aumento de temperatura a nivel global, contribuyó a generar temperaturas récord y olas de calor en casi todo el país. Y ya que la región altiplánica y de los valles depende de la humedad de los bosques de la zona amazónica, empujada hacia los Andes por los vientos provenientes del océano Atlántico, los efectos de la perdida de bosques por la deforestación e incendios con fines agroindustriales, entre otros, afectan este ciclo hidrológico.
Según la ONU, Bolivia es uno de los países más vulnerables a las consecuencias del calentamiento global y la escasez del agua por sus ciudades situadas a grandes altitudes, que dependen directamente de las reservas de agua de gran altitud para complementar las escasas precipitaciones durante la época seca. Por lo que, ante la crisis climática y los desequilibrios hidrológicos por las causas presentadas, se pronostica que la necesidad de agua aumentará aún más con los años.
Desafíos y perspectivas del GTCCJ
El balance ambiental da cuenta de que estamos ante el colapso ecológico mundial. Con altas olas de calor nunca antes registradas; guerras y masacres dirigidas contra niños y mujeres; el capitalismo depredador se halla cooptando espacios como la Conferencia de las Partes (COP) que se realiza en el ámbito de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), destinado a facilitar la cooperación internacional para combatir el cambio climático y alcanzar acuerdos vinculantes que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y mitiguen los impactos del cambio climático, para limitar el calentamiento global y proteger el medio ambiente y los ecosistemas, la COP estuvo dirigida este año por el lobby petrolero, que influyen en la toma decisiones ambientales por encima de las problemáticas estructurales socio ecológicas que afectan al mundo.
A nivel nacional, el colapso ecológico se siente mediante los grandes incendios y deforestación con fines de ampliar la frontera agrícola para el monocultivo; la creciente minería del oro en ríos de la Amazonía, donde los más afectados son el Madre de Dios y el río Beni que cuentan con una alta concentración de mercurio, lo que está deteriorando la salud de los pueblos indígenas de la zona; y la crisis hídrica que azota el país desde hace dos años, que está afectando directamente la disponibilidad y calidad del agua, que la convierten en un bien común cada vez más escaso y disputado. En suma, estos son solo algunos de los problemas ambientales más críticos que enfrenta el país.
Los desafíos de los pueblos indígenas, la sociedad civil y redes de defensa de la justicia socio ambiental como el GTCCJ, están vinculados a diversas aristas: a nivel de la sociedad civil, la falta de comprensión generalizada sobre la gravedad del cambio climático y la urgencia de actuar genera inacción ante la crisis climática, es necesario que la sociedad civil se involucre activamente en la lucha contra la crisis climática.
A nivel de los Estados y gobiernos, la influencia de los intereses económicos y políticos que se benefician de los combustibles fósiles y otras actividades que contribuyen al cambio climático dificultan los esfuerzos de la sociedad civil, y que se enfrenta a barreras para acceder a los procesos de toma de decisiones y se tiene poca capacidad para influir en las políticas y acciones relacionadas con la crisis climática.
La crisis climática obedece a la lógica del capitalismo moderno que se basa en la dependencia de los combustibles fósiles, una de las bases para el crecimiento económico del sistema capitalista. El desafío de la sociedad civil es sistémico.
Las perspectivas del GTCCJ van dirigidas a impulsar procesos de resistencia ante el extractivismo depredador, como la defensa de los recursos naturales, las áreas protegidas, los saberes culturales de los pueblos indígenas, la transición energética y las alternativas al desarrollo. Es necesario participar activamente en eventos de construcción comunitaria de denuncia y estrategia de defensa conjunta como el FOSPA, y replicar luchas exitosas como la defensa del Yasuni. La perspectiva es seguir luchando por un horizonte de justicia ambiental.
El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) como red interinstitucional está integrada por 40 instituciones, organizaciones y colectivos que, en su gran mayoría, se encuentran realizando acciones en relación a la transión energética, el cambio climático, las políticas extractivistas y la producción de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria en las diferentes zonas de intervención sean estas rurales o urbanas/periurbanas.