Producción agrícola en Bolivia: un campo minado

Marisol Hofmann cooperante de COMUNDO realizó una entrevista a Mercedes Nostas Ardaya, investigadora en ciencias sociales. Quien hace una mirada hacia atrás sobre uno de los estudios que realizó el 2018 que mostró altas tasas de mortalidad registradas en ciertas comunidades agrícolas y extrae 4 hallazgos alarmantes, que lamentablemente aún son latentes.

Nota redactada por Marisol Hofmann (Cooperante COMUNDO para el GTCCJ)

Mercedes Nostas Ardaya es docente e investigadora de la Dirección de Investigación Científica e Innovación Tecnológica, DICIT de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en Santa Cruz de la Sierra. Se formó en ciencias sociales, principalmente en antropología y sociología, en universidades internacionales de renombre, como Brasilia, el University College de Londres y la Universidad de Cambridge. En 2017, el Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades, INIFH, del que entonces era directora, se unió al Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, para realizar una investigación sobre el uso de agroquímicos en cuatro municipios de Santa Cruz.

¿Qué la llevó a implicarse en la protección del medio ambiente?
Además de mis estudios en antropología ambiental, diría que consolidé mis convicciones cuando comencé a trabajar en CORDECRUZ (entonces Corporación de Desarrollo del Departamento de Santa Cruz, hoy Gobernación departamental). Participé en equipos interdisciplinarios, formados por economistas, geólogos, así como agrónomos e ingenieros forestales, como responsable del área social. Nuestra misión era realizar diagnósticos participativos con las comunidades indígenas y campesinas para integrar sus demandas y percepciones en los planes de desarrollo rural, así como estudios técnicos para definir categorías de suelo y áreas de uso y manejo del territorio. Al tener que recorrer todo el territorio, fuimos testigos de la situación de marginación en que se encontraban los pueblos y observamos daños causados en las áreas protegidas y de explotación irracional de recursos naturales. El contacto directo con las comunidades y especialmente con líderes de pueblos indígenas también me permitió descubrir una nueva perspectiva de gestión del territorio.

¿Qué quiere decir con esto?
Se trata de un enfoque territorial integral, que considera los recursos naturales y el medio ambiente en general como entidades que hay que respetar. Este es el caso, en particular, de los pueblos guarayo, guaraní, ayoreo y chiquitano. Por ello, para mí era importante tomar en cuenta sus valores y prácticas, así como los conocimientos y planteamientos en los planes de gestión territorial. Fue entonces cuando reforcé mi posición como activista medioambiental y del movimiento indígena, al unirme a grupos ambientales y a la Central de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano.

¿También se pudo dar cuenta, ya entonces, de la preocupante situación relacionada con el uso excesivo de agroquímicos?
En efecto, me sorprendió el registro de elevadas tasas de mortalidad de algunas comunidades de  productores agrícolas de los valles mesotérmicos. Entonces observé que en estas zonas se utilizaban agroquímicos muy tóxicos, a pesar de estar prohibidos, con un manejo poco adecuado. Llamé la atención de CORDECRUZ sobre este problema y los animé a realizar una investigación. Los estudios contribuyeron a motivar una ley departamental para regular el uso de agroquímicos, pero tuvo poco impacto.

De hecho, en 2017 usted aceptó apoyar al GTCCJ para realizar una encuesta similar en cuatro municipios del Departamento de Santa Cruz…
Así es. Fue a través de una antigua compañera de trabajo, Ana Rosa Ángulo, también investigadora, que conocí a Adriana Montero, directora del INCADE y entonces coordinadora del GTCCJ. Juntas elaboramos el esquema de la encuesta que dividimos en dos fases de investigación interinstitucional, con participación de docentes, estudiantes, técnicos etc. La primera fase refleja un diagnóstico representativo de la situación en cuatro municipios con características diferentes (ecosistema, tipo de población, región) con un enfoque tanto social como antropológico, pero también ecológico y agronómico.

¿Cuáles son las principales conclusiones del primer estudio publicado en 2018?

Hay cuatro aspectos fundamentales. El primero es que el uso de plaguicidas en el departamento está muy extendido, con especificidades que difieren de una región a otra en cuanto al tipo de producto utilizado. La segunda constatación es que de los agroquímicos utilizados que registramos, 8 están prohibidos. La tercera, es que el uso y manejo de los agroquímicos no se hace de forma adecuada y esto es problemático tanto para quienes los manejan, como para sus familias expuestas indirectamente. Por último, la encuesta puso de manifiesto cuestiones pendientes. Por ejemplo, el funcionamiento del mercado de agroquímicos, la percepción que tienen los agricultores de ellos y su impacto en la salud. También hay que investigar la aplicación de las legislaciónes sobre la gestión de agroquímicos.

¿Qué se espera de la segunda encuesta?
Queremos conocer el alcance de posibles daños a la salud causados por el uso y manejo de agroquímicos mediante la detección de la presencia de agentes neurotóxicos en la sangre y la orina como los organofosforados u organoclorados. Se tomaron muestras de los adultos expuesto a la manipulación directa de los plaguicidas y de sus familiares con exposición indirecta en las mismas comunidades que la primera fase. Además, pudimos obtener financiamiento para realizar la misma encuesta entre los niños de las familias implicadas. Se debe tener en cuenta que la realización de este tipo de encuestas es muy delicado dado la importancia de aplicar estrictamente los códigos de bioética en salud, respetando los derechos de los productores entrevistados. También se observa reticencia a tratar el tema de manera sincera y responsable por parte de las autoridades políticas y los lobbies económicos.

¿Cuál es la coyuntura actual?
La coyuntura actual es más compleja que la anterior, dado el difícil y controversial tratamiento del tema de transgénicos y biotecnología, incluso en la propia universidad. Es bien sabido que la biotecnología actual viene acompañada de paquetes de agroquímicos y de amplios cuestionamientos, registrados en estudios y en prensa, a impactos ambientales negativos y al posible impacto en la salud humana. Además, existe una tendencia explícita por parte de las asociaciones de productores, de las empresas dedicadas al agronegocio y del Estado a promover un desarrollo basado en la ampliación de la frontera agrícola y en el uso de transgénicos argumentando una perspectiva de soberanía alimentaria. Estamos avanzando en un campo minado. En tal sentido, es fundamental continuar con este tipo de investigaciones para aportar con datos que informen y consoliden el control ciudadano y puedan ser utilizados para sustentar y respaldar la aplicación estricta de la legislación y el rediseño de políticas públicas para la regulación del uso y manejo de agroquímicos. También debemos tratar de promover modelos alternativos de producción y consumo de alimentos por el bien de nuestra salud y del medio ambiente.