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119 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ Bolivia) y varios de sus miembros y aliados, exigen la suspensión inmediata a la aplicación de los Decretos Supremos 4232 y 4238 que autorizan los transgénicos en Bolivia.

Descarga el pronunciamiento completo como archivo pdf aquí.

A través de un pronunciamiento, 119 organizaciones de la sociedad civil, entre colectivos, instituciones y asociaciones, rechazan enfáticamente la aprobación de los D.S. 4232 y 4238 por ser atentatorios a la biodiversidad, el medioambiente y los pueblos indígenas que viven en y de los bosques. Así como también exigen al Gobierno Nacional la abrogación de dichos decretos, dar paso a una comisión técnica que estudie las más de 15 normas que sostienen el llamado “Paquetazo incendiario” del cual se demandó su revisión desde enero de este año y que se debata el modelo de desarrollo que queremos como bolivianas y bolivianos. Respaldan además a la Asamblea por los Bosques de Bolivia en la acción popular interpuesta que busca suspender de manera inmediata la implementación de los D.S. 4232 y 4238.

#NoTransgénicosBolivia #BoliviaLibreDeTransgénicos

Está disponible el calendario de Conversatorios que desarrollaremos el Grupo de Trabajo Cambio Climático (GTCCJ Bolivia) y el Almanaque del Futuro para este año 2020. Planeamos reflexionar sobre feminismo, agroecología, semillas, energía, bienes comunes.

Martes 22 de septiembre, 15:00 a 16:00 hora Bolivia
Uso eficiente y ahorro de energía
Mauricio Gnecco (Colombia)

Martes 6 de octubre, 11:00 a 12:00 hora Bolivia
Renta Básica Universal
Gustavo Rodríguez y Jorge Krekeler

Martes 20 de octubre, 11:00 a 12:00 hora Bolivia
Experiencias vividas desde la Permacultura y del rescate de semillas nativas
Javier Carrera (Ecuador)

Martes 3 de noviembre, 11:00 a 12:00 hora Bolivia
Emergencia Climática
Jorge Elbers

Martes 17 de noviembre, 11:00 a 12:00 hora Bolivia
Planes de Vida y reciprocidad en el mundo agroecológico
Hermanos Zarate

Martes 01 de diciembre, 11:00 a 12:00 hora Bolivia
Kurdistán conociendo Rojava: revolución social
Nicole Maron

Martes 15 de diciembre, 11:00 a 12:00 hora Bolivia
Los comunes
Stefan Tuschen

#GTCCJBolivia

El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ Bolivia) y Proyecto mARTadero convocan al concurso de fotografía “Juventudes y Alterna-Vida”, dirigido a las juventudes en emergencia.

La convocatoria del concurso con toda la información necesaria se puede descargar aquí.

El año 2019 cerca de 150 jóvenes representantes de diferentes colectivos, organizaciones, artistas, activistas independientes de diferentes pueblos, municipios, regiones y territorios de Bolivia, se reunieron en el “Encuentro Nacional “Juventudes en Emergencia: medio activismo + género + naturaleza”, de este importante evento se construyó colectiva y participativamente la: Agenda colaborativa de acción articulación: “Juventudes en Emergencia: medio activismo + género + naturaleza“.

Para continuar con esa actividad, se presenta el concurso fotográfico denominado: “Juventudes y Alterna-vida”, dirigido a las juventudes en emergencia, que han fortalecido sus procesos y narrativas sobre apuestas y experiencias alternativas para construir un futuro desde el presente. A través de muestras fotográficas, podrán inspirar o motivar a más jóvenes para emprender procesos alternativos en diferentes temáticas.

El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) en la lectura de la sentencia por el caso: Chiquitanía, Chaco y Amazonia Vs. Estado Plurinacional de Bolivia, declaró que los incendios del 2019 fueron un “ecocidio provocado por la política de Estado y el agronegocio”, y estableció la abrogación de las normas señaladas como “incendiarias” a fin de que estos hechos no se repitan.

Descarga la nota de prensa en formato PDF aquí.

“En base a estos antecedentes, los demandantes identifican como autores del delito de ecocidio a las autoridades administrativas, legislativas y judiciales, quienes diseñaron la política, aprobaron el paquete legislativo y, ocurridos los incendios, favorecen a las condiciones de impunidad para los perpetradores. Además, indican como autores a los grupos fácticos representados por los grandes ganaderos, empresarios agroindustriales, por lo que este Tribunal se ha formado convicción a ese respecto. Por tanto, se concluyen que corresponde la sindicación como autores del delito de ecocidio contra la ecoregión Chiquitanía, Amazonía y Chaco de Bolivia al: Gobierno de Evo Morales 2019, Gobierno Añez 2020 y Gobernación de Santa Cruz y Beni; (a la) Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT), Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otras; (a la) Asamblea Legislativa. Bancadas del oficialismo y la oposición; (a la) Fiscalía, Poder Judicial y Tribunal Agroambiental; (y al) extractivismo agroganadero y de soya transgénica para la exportación”, dictan en la sentencia.

Asimismo, entre las resoluciones, el TIDN establece garantías para que los incendios no ocurran nuevamente, entre ellas la abrogación de las normas que promueven la ampliación de la frontera agraria y con ello las quemas y desmontes. Específicamente se refieren a las siguientes leyes:

• Ley N° 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques y su D.S. 1578
• Ley N° 502, Ley N° 739 y Ley N° 952, de ampliaciones del plazos y modificaciones de la Ley 337
• Ley N° 741, de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias
• Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas
• Decreto Supremo 3973 de Modificación y Ampliación del Desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias
• Ley N° 1098 y D.S. 3874 sobre autorización de eventos de soya transgénica asociada a la producción de biodiesel
• Ley Departamental 93/2019 (Beni) sobre la aprobación del Plan de Uso del Suelo del Beni
• D.S. 4232 y D.S. 4238 que autorizan al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa
• R.A. 084/2020 SENASAG que aprueba requisitos fitosanitarios para la importación de Eucalyptus spp. para ser implementados en plantaciones forestales

La decisión fue dada a conocer por las y los jueces Nancy Yañez, de Chile; Patricia Gualinga, de Ecuador; y Felicio Pontes, de Brasil, quienes dirigieron las audiencias virtuales del lunes 17 y martes 18 de agosto, en las que recibieron los testimonios de las organizaciones indígenas, organizaciones, activistas, bomberos, la Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco.

El Tribunal se compromete a dar seguimiento a este crimen de ecocidio de ejecución continua, ya que se sigue repitiendo, y establecer una comisión permanente para vigilarlo.

El TIDN recomienda fuertemente que las organizaciones, comunidades y colectivos que han presentado pruebas en esta audiencia, presenten este caso de violación a los derechos de la naturaleza ante el marco jurídico boliviano.

Finalmente, el TIDN abrirá la presente sentencia a toda la Asamblea de jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza para conseguir más adhesiones, la misma que será circulada en un mes con todas las firmas conseguidas.

Para más información, por favor visite el siguiente vínculo: https://www.rightsofnaturetribunal.org/cases/ecocide-in-the-amazon-chiquitania-case/

Para ver las audiencias, por favor refiéranse a los siguientes vínculos: https://web.facebook.com/rightsofnaturetribunal/?ref=bookmarks

En caso de necesitar más información, por favor comuníquese con las siguientes direcciones:

communications@therightsofnature.org
secretariat@therightsofnature.org
info@therightsofnature.org

OTRAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL

Territorios indígenas

En relación a los pueblos indígenas en alta vulnerabilidad, el TIDN instituye la implementación de medidas de reparación que van desde dar cumplimiento al marco normativo nacional sobre la protección de los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, asumir las medidas necesarias para la restauración de sus territorios, en especial del Ayoreo que se encuentra en situación de aislamiento voluntario en el área del parque Ñembi Guasu, en Charagua Iyambae, y la TCO Santa Teresita, así como tomar las medidas para garantizar su derecho a la vida, integridad física y psíquica.

“El Tribunal ha conocido que los incendios forestales han afectado a 27 territorios indígenas en una extensión de 1.226.714 hectáreas. Entre los pueblos indígenas afectados se encuentran: Chiquitano, Ayoreo, Guaraní, Guarayo (Santa Cruz), Cayubaba, Baures, Sirionó yAaraona (Beni). Adicionalmente, llama la atención la afectación a Ñembi Guasu, declarada como área protegida por el Gobierno Autónomo Indígena de Charagua Iyambae, y que forma parte de los circuitos territoriales de transhumancia del pueblo Ayoreo en situación de aislamiento voluntario. Los incendios han alcanzado las 426.028 hectáreas, es decir el 36% de su superficie”, expresan en la relación de hechos.

Afectaciones

Las y los jueces indicaron que, según las pruebas presentadas, en Bolivia se quemaron 6.4 millones de hectáreas, de los que el 65% de la superficie afectada se concentró en el departamento de Santa Cruz y el 29% en el Beni, afectando principalmente a la región de la Chiquitanía, que es parte de la Amazonía y el Chaco boliviano, y se integra, a su vez, por los ecosistemas del Bosque Seco Chiquitano, el Pantanal, el Cerrado y el Chaco. Los demandantes señalan que el 27% de las áreas afectadas se quemaron por primera vez.

Los incendios también afectaron a 1.133.037 ha. de áreas naturales protegidas, 969.718 ha. de tierras de uso forestal, 341.790 ha. de tierras de uso silvopastoril y 5.336 ha. de tierras de uso restringido.

Entre las áreas protegidas nacionales, la mayor superficie quemada se dio en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, afectando el 26% (772.831 ha.) de su superficie y el Parque Nacional Otuquis con el 35% (313.744 ha.) de su superficie quemada.

Se incendiaron 1’961.649 hectáreas dentro de ocho sitios RAMSAR, que son humedales de importancia mundial para la conservación de aves migratorias, estacionales y numerosas.

La consiguiente contaminación de las aguas por las cenizas, dañó su calidad, lo cual también afectó a las poblaciones que se proveen de ellas, causando la migración de las comunidades indígenas, durante y posterior a los incendios. En este punto, el TIDN determinó informar de manera inmediata a la Oficina de la Convención RAMSAR acerca de los daños ocasionados por los incendios forestales en estas regiones, dando cumplimiento a la obligación del Estado boliviano establecida en la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas.

Entre los factores que señalaron como causantes de los incendios, están las heladas y sequías, el cambio climático y las políticas administrativas, como los paquetes de normas que permitieron las quemas para la ampliación de la frontera agrícola; así como la débil institucionalidad de los órganos del Estado responsables del control y la fiscalización de los bosques.

Medidas de restauración integral

1. Informar de manera inmediata a la Oficina de la Convención RAMSAR acerca de los daños ocasionados por los incendios forestales a sitios RAMSAR dando cumplimiento a la obligación del Estado boliviano establecida en la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas.

2. Elaborar Estudios de Impacto Ambiental que permita establecer la magnitud real del daño ocasionado a los ecosistemas, su equilibrio y componentes, animales y fuentes de agua.

3. El Estado boliviano en sus distintos niveles deben garantizar la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en la formulación, debate y aplicación de cualquier medida normativa o administrativa vinculada a la restauración, recuperación, regeneración y protección de los ecosistemas de la Chiquitania, Chaco y Amazonia.

4. Revisar los Planes de Restauración del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Subnacionales que han sido elaborados sin la correspondiente participación y consentimiento de los pueblos indígenas afectados.

5. Garantizar que las autoridades competentes, incluyendo a autoridades autónomas indígenas, cuenten con los recursos para poder ejecutar Planes de Restauración Integral.

6. Respetar el derecho a la existencia de la Naturaleza y garantizar la restauración integral y el mantenimiento de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Medidas de reparación

7. Garantizar una efectiva pausa ecológica en las áreas protegidas y sitios RAMSAR para permitir que los bosques y ecosistemas afectados se regeneren y recuperen. Donde hay actividades de subsistencia, y en donde la pausa ecológica no sea un mecanismo eficaz de restauración, se requerirá de una restauración activa o restauración ecológica, que incluye la siembra de especies nativas, entre otras técnicas, para ayudar a que el bosque se regenere. Para asegurar la regeneración del bosque, es esencial evitar futuras quemas y dejar que la naturaleza se recupere de manera natural, sola, por lo menos inicialmente.

8. Evitar la introducción de especies exóticas en particular los monocultivos forestales, transgénicos, la habilitación de praderas y el desarrollo de la agricultura industrial.

9. Abstenerse de incentivar políticas de asentamientos humanos en la zona considerando la alta fragilidad ecológica y prevenir asentamientos ilegales.

10. Iniciar procesos de investigación y sanción a los culpables del ecocidio en el ordenamiento jurídico boliviano para determinar el grado de responsabilidad de autoridades estatales de los distintos niveles de gobierno y de personas privadas sean éstas naturales o jurídicas.

11. Establecer Auditorías Ambientales con veedores externos independientes y sistemas de monitoreos.

12. En relación a los Pueblos Indígenas en situación de aislamiento y alta vulnerabilidad:

12a. Dar cumplimiento pleno a lo establecido en la Ley No. 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad, y adoptar el reglamento que permita su inmediata implementación. Proceder a la creación de la Dirección General de Protección a Pueblos Indígenas que contempla la Ley.

12b. Tomar todas las medidas necesarias para la restauración del Territorio del Pueblo Ayoreo en situación de aislamiento (especialmente el área de Ñembi Guasu y la TCO Santa Teresita) y garantizar su intangibilidad impidiendo el desarrollo de actividades extractivas y asentamientos humanos.

12c. Tomar todas las medidas para garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la salud del pueblo Ayoreo afectado por los incendios a través de la creación de cordones de protección sanitaria, soberanía alimentaria, conservación ambiental, diseño participativo, en la medida que corresponda, de planes de emergencia o contingencia, políticas y prácticas de salud y asesoría antropológica para la atención al contacto si fuere procedente.

Garantías de no repetición

13. Abrogar las normas que promueven las quemas y desmontes, específicamente las siguientes:

• Ley N° 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques y el Decreto Supremo 1578, reglamentario
• Ley N° 502, Ley N° 739 y Ley N° 952, de ampliaciones del plazos y modificaciones de la Ley 337
• Ley N° 741, Ley de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias
• Ley N° 1171, Ley de Uso y Manejo Racional de Quemas
• Decreto Supremo 3973 de Modificación y Ampliación del Desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias
• Ley N° 1098 y D.S. 3874 sobre autorización de eventos de soya transgénica asociada a la producción de biodiesel
• Ley Departamental 93/2019 (Beni) sobre la aprobación del Plan de Uso del Suelo del Beni
• D.S. 4232 y D.S. 4238 que autorizan al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa
• R.A. 084/2020 SENASAG que aprueba requisitos fitosanitarios para la importación de Eucalyptus spp. para ser implementados en plantaciones forestales

14. Anular las resoluciones de asentamientos humanos en Tierras Fiscales que se hayan autorizado sin respetar las potencialidades naturales, la capacidad de uso mayor del suelo y el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo, e informado de los pueblos indígenas.

15. Revocar todas las autorizaciones de quemas, chaqueos y desmontes en las zonas afectadas por los incendios, y prohibir la emisión de nuevas autorizaciones a fin de evitar la repetición de los eventos de fuego, salvo aquellas que respondan a prácticas tradicionales para fines exclusivamente de subsistencia con el debido control de las autoridades estatales y/o autoridades autónomas indígenas.

16. Establecer en zonas de bosque y/o ecosistemas de protección una moratoria a aquellas actividades que requieren para su desarrollo la expansión de la frontera agrícola, principalmente la agroindustria, gran ganadería y, producción y comercialización de agrocombustibles.

17. Establecer límites y prohibiciones a la exportación de productos que destruyen la biodiversidad y los ecosistemas.

18. Dar cumplimiento a la legislación vigente que garantiza los Derechos de la Naturaleza y efectivizar el funcionamiento de la Defensoría de la Madre Tierra.

19. Garantizar la aplicación del principio precautorio en toda actividad de posible impacto sobre la naturaleza.

20. Definir un nuevo modelo productivo, respetando las capacidades de regeneración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, acorde a los preceptos constitucionales y la legislación vigente en armonía con la Naturaleza y el Vivir Bien.

Para más información, por favor visite el siguiente vínculo: https://www.rightsofnaturetribunal.org/cases/ecocide-in-the-amazon-chiquitania-case/

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El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) recibirá en audiencias virtuales a las organizaciones indígenas, de la sociedad civil y a instituciones estatales de Bolivia por el caso denominado Ecocidio en la Amazonía y la Chiquitanía. En las audiencias del 17 al 20 de agosto, las organizaciones indígenas y de la sociedad mostrarán los impactos que dejaron los incendios ocurridos en las tierras bajas del país durante el 2019.

Se puede seguir la transmisiones de las audiencias virtuales y otras actividades en vivo en la página Facebook del GTCCJ Bolivia.

“Lo que esperamos es que (nuestros testimonios) sean recibidos y se le haga seguimiento, para que no vuelva a suceder lo del 2019. Que las autoridades vean y se respeten, porque no solo hablamos de los derechos de la naturaleza, sino hablamos de las compañeras y compañeros que vivimos en las comunidades”, expresó la vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Germina Casupá.

Las audiencias serán el lunes 17 y el martes 18 de agosto; el miércoles 19 de agosto deliberarán y el jueves 20 de agosto se dará lectura de la sentencia. Las audiencias estarán presididas por los jueces Nancy Yañez, de Chile; Patricia Gualinga, de Ecuador; Felicio Pontes, de Brasil; y Natalia Greene, de Ecuador, quienes cuentan con una amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y derechos de los pueblos indígenas en sus respectivos países.

Casupá indicó que estos jueces tenían previsto llegar en marzo de este año al país, desarrollar audiencias presenciales en las regiones afectadas y verificar por ellos mismos lo ocurrido durante el incendio; pero, debido a la cuarentena por el Covid-19, las actividades se suspendieron. Sin embargo, ahora retomaron las audiencias de manera virtual, donde las organizaciones indígenas, activistas ambientales e instituciones estatales, brindarán sus testimonios sobre el caso.

“Lo que le vamos a contar (al TIDN) es lo que se ha vivido. Esperamos que salga algo provechoso para los chiquitanos y para los otros municipios que han sido afectados, y en adelante las autoridades de los diferentes municipios hagan sus buenos oficios y velen por las comunidades de los pueblos indígenas”, expresó la autoridad indígena.

La vicepresidenta de la CNAMIB explicó que el fuego afectó a todo el entorno y la biodiversidad existente en las regiones, efectos que todavía continúan.

“Nos vino la helada, después los incendios, la sequía por los incendios. Fue arrasando con todos los cultivos, los potreros, el agua se fue secando y no hubo mucha lluvia. El agua se ha contaminado, los animales están sufriendo por el agua”, aseveró.

Fuente: CEJIS

La audiencia del Caso: Ecocidio en la Amazonía y Chiquitanía del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN), se llevará a cabo el 17 y 18 de agosto de forma virtual. Durante la audiencia, los y las jueces del Tribunal recabarán información de las organizaciones y comunidades afectadas y en base a la misma llegarán a una sentencia que será presentada el 20 de agosto.

Los y las jueces que formarán parte del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturealeza son:

• Nancy Yañez, abogada y directora del Centro de Derechos Humanos y Centro de Estudio de Interculturalidad y Derecho de la Universidad de Chile.
• Felício Pontes Jr., ex procurador de la República del Brasil que siempre ha tratado temas relacionados con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas.
• Patricia Gualinga, defensora de los derechos de los nativos y de la Madre Tierra, presentó un caso histórico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) del pueblo Kichwa de Sarayaku de Ecuador.

Natalia Greene promovió el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en la constitución del Ecuador y es parte de la Secretaría del Tribunal.

Conoce a las y los jueces del tribunal aquí.

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El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) llevará a cabo audiencias virtuales el 17 y 18 de agosto, por el caso Ecocidio en la Amazonía y Chiquitanía. Durante dichas audiencias, organizaciones indígenas y de la sociedad civil de la Chiquitanía intervendrán dando testimonios sobre los incendios que se desarrollaron el 2019 en Bolivia. En base a esta información los y las jueces del Tribunal emitirán una sentencia el 20 de agosto.

Puedes seguir a las audiencias virtuales del TIDN en las siguientes redes sociales en Bolivia:

Facebook GTCCJ Bolivia
Twitter GTCCJ Bolivia
Página Web Asamblea por los Bosques Bolivia
Facebook Asamblea por los Bosques Bolivia
Twitter Asamblea por los Bosques Bolivia

Como organizaciones de la sociedad civil, usaremos los siguientes hashtags que puedes usar para seguir las audiencias virtuales del TIDN:

#TribunalChiquitanía
#SOSChiquitanía
#AbrogacionPaqueteIncendiarioYA

El Tribunal también anuncia al Estado boliviano el desarrollo de audiencias virtuales entre el 17 y el 18 de agosto, para tratar el caso Ecocidio en la Amazonía y la Chiquitanía.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) envío el 4 de agosto 2020 a la presidenta transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeanine Añez, una carta donde solicita información sobre la abrogación o modificación del paquete de normas señaladas por las organizaciones indígenas y de la sociedad civil como las causantes de los incendios en Bolivia durante el segundo semestre del 2019.

En la misiva, el TIDN hace mención a la Ley N° 1171 del 25 de abril de 2019 de Uso y Manejo Racional de Quemas, la Ley N° 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas; la Ley N° 1098 del 17 de septiembre de 2018 sobre aditivos de Origen Vegetal; del Decreto Supremo N° 3874 de abril de 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y soya evento intacta para la producción de aditivos de origen vegetal – Biodiesel, y del D.S. 3973 del 10 de junio de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias.

En febrero de este año, representantes de los pueblos indígenas de la chiquitanía presentaron un proyecto de ley y uno de Decreto Supremo (D.S.) para la abrogación de este paquete de normas, señalado por las organizaciones como las que el 2019 propiciaron el incendio de más de 5 millones de hectáreas del territorio nacional y afectaron a más de 47 comunidades de los pueblos indígenas chiquitano, ayoreo, guarayo, cayubaba, baures, sironó y araona.

• Descargue el proyecto de Ley Abrogación de la normativa ambiental y forestal por los territorios indígenas, las áreas protegidas y la vida de los bolivianos
• Descargue el proyecto de DS de Abrogación normativa ambiental y forestal por los territorios indígenas, las áreas protegidas y la vida de los boliviano

En diciembre del 2019, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil presentaron la denuncia por Ecocidio en la Amazonía y en la Chiquitanía ante la 5ta sesión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. La admisión de la demanda fue dada a conocer al Estado de Bolivia en enero de este año y en ella solicitaron la abrogación de estas leyes. Para marzo se previó la visita de los miembros del Tribunal, para recibir información de los involucrados y verificar las consecuencias de los incendios en las regiones afectadas; sin embargo, la visita se postergó debido a la pandemia del Covid-19.

En la carta que enviaron este martes a la Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, el TIDN le anuncia que estas audiencias se desarrollarán de forma virtual este 17 y 18 de agosto; mientras que la sentencia por el caso se ha previsto para el 20 de agosto.

Fuente: CEJIS

El Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) regional Chuquisaca, en colaboración con el Centro de Tecnologías Asequibles de Agua y Saneamiento (CAWST, por sus siglas en Ingles) y la Fundación Solidaridad y Amistad Chuquisaca – Treveris, han llevado a cabo el webinar: “Soluciones tecnológicas y prácticas de tratamiento de agua a nivel domiciliario en relación al COVID-19”.

Contando con la participación de los expertos:

1)Eva Jimenez, asesora global WASH de CAWST: Licenciada en biología y  máster en Gestión Sostenible de los Recursos; varios años de experiencia  internacional trabajando SHOP en Zambia y Pure Water for the World en Honduras.

Descarga: Presentación CAWST

2) Ader Barrón, Director Ejecutivo de la Fundación Fundación Treveris: Ingeniero agrónomo y master en Desarrollo Rural. La Fundación Treveris es una organización boliviana con mas de 45  años de trabajo dedicado a promover el acceso a la educación en el área rural, apoyando a diferentes grupos vulnerables,como los niños, mujeres y personas con discapacidad. Web:

Descarga:  Presentación Fundación Treveris

Los participantes han coincidido que conocer las técnicas para el tratamiento de agua es sumamente importante para garantizar un consumo sano y adecuado para las familias y las comunidades. Las experiencias presentadas han motivado a los participantes a continuar trabajando en sus zonas de acción, un tema que ha salido con mucha fuerza en este espacio fue: agua y saneamiento. Desde el GTCCJ, se espera continuar trabajando en temas inherentes al cambio climático y promoviendo el derecho a un ambiente sano para todos y todas.

Si no pudiste participar del webinar, accede a la grabación en: