Desde varios años atrás se ha estado alertando sobre los problemas ambientales que suceden cada vez con mayor fuerza en el departamento de Oruro, específicamente relacionado al agua, solamente recordar cuatro problemas graves que pueden generar eventos catastróficos en nuestra región.
Primero, la disminución permanente del volumen de agua en el lago Poopó; después de la muerte de millones de peces, miles de aves y haberse secado el lago, este ecosistema no se ha podido recuperar, se advirtió que el pasado año nuevamente llegó a sus niveles más bajos el espejo de agua, lo que puede suceder similar situación este año por la baja precipitación pluvial, es más se tiene información que en la zona sud del lago se encontró costras de sal de un espesor que preocupa, al parecer el lago Poopó empezó el proceso de salinización.
Segundo, las operaciones mineras tienen un impacto directo en los cuerpos de agua superficial y subterráneo, habiéndose encontrado vertientes u ojos de agua que ha vista de cualquier ciudadano no tienen problemas, pero cuando se analizan esas muestras contienen metales pesados. Pero las actividades mineras dentro la ciudad son aún más peligrosas aparte de que nos son tratadas esas aguas. Las mismas discurren por gran parte de la ciudad, pero el problema no solo se queda ahí sino que estuviera inundando por debajo de la ciudad.
Tercero, se cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas, pero al parecer no funciona con regularidad, además que el sistema de tratamiento es abierto por ello se advierte olores nauseabundos en toda la ciudad a ciertas horas del día y los efluentes llegan directamente al lago Uru Uru sin tratamiento, lo que ha convertido al lago en un receptor de toda materia sólida y líquida contaminada.
Cuarto, la ciudad de Oruro se abastece de agua para su consumo de Challapampita, Cala Cala y Paria, se ha advertido que la demanda del agua se ha incrementado por el crecimiento de la ciudad, por la necesidad de mayor consumo de los pobladores, además este último año por la presencia del Covid 19 (para higiene). No obstante, se está descuidando las regiones de donde se recarga los bolsones de agua; en la cuenca Soracachi ha crecido la frontera agrícola (cultivo de hortalizas) y las viviendas (más que todo las dispersas), hay presencia de algunas actividades industriales.
Sumado a todo lo mencionado, tenemos el problema en la disponibilidad del agua dulce que es vital para la seguridad alimentaria y la salud humana esencialmente. Consultando a especialista en el tema, han indicado que la solución debe ser encarada por las instituciones públicas de acuerdo a sus competencias de manera concurrente, abordando desde la planificación de la demanda y oferta del agua, políticas de forestación y reforestación, manejo de cuencas, sistemas de tratamiento de aguas servidas de acuerdo a la región, manejo integral del lago Poopó, sistemas de tratamiento de aguas ácidas, educación ambiental, entre otros.
Se debe generar espacios de construcción de alternativas y estrategias para apoyar a la agricultura familiar campesina en todos sus procesos productivos y de comercialización en el marco de la pandemia, nos explica Yery Gallardo, Director General de Proyecto de Desarrollo Comunitario (PRODECO), institución miembro del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ).
¿Cuál fue la situación de la seguridad alimentaria en el 2020?
Yery Gallardo: Sin duda que la pandemia ha generado procesos críticos en la seguridad alimentaria, con efectos diferenciados.
En las familias urbanas (clase media) por ejemplo, se ha dado procesos de escasez alimentaria y alza de precios de alimentos, produciendo una disminución del consumo de alimentos y procesos de racionamiento de ciertos productos.
En tanto que las familias urbano migrantes, que generalmente son comerciantes minoristas, albañiles, choferes asalariados, etc. realmente en su momento e incluso ahora, se hallan en situación de inseguridad alimentaria, debido a su alta dependencia de sus ingresos económicos diarios (alta dependencia del mercado, que los hace más vulnerables). Los programas del estado (canastas alimentarias) deberían orientarse a este segmento.
Por su parte, las familias rurales, pequeños agricultores son las que menos efectos negativos tuvieron en su consumo alimentario al ser productores de alimentos. Sin embargo, se vieron afectados sus ingresos económicos ante la imposibilidad de movilizar y comercializar su producción. Por ejemplo, doña Juana del municipio de Presto, provincia Jaime Zudáñez, departamento de Chuquisaca, comentó que la pandemia tuvo un efecto positivo, porque se ha revalorizado e incrementado el consumo de alimentos y “comidas” ancestrales en los/as niños/as y adolescentes y población en general, dejando de lado alimentos como arroz, fideo, aceites, etc.
¿Qué eventos han marcado trascendencia en este tema? ¿Qué hechos han preocupado más?
Yery Gallardo: Entre estos eventos se pueden mencionar:
Procesos de escasez generalizada de alimentos, acompañados de un alza de precios.
Movilización familiar para la acumulación de alimentos en los distintos mercados y tiendas comerciales.
Imposibilidad de los pequeños productores para encarar procesos de comercialización, situación que en muchos casos ha generado pérdidas importantes, sobre todo en el rubro de hortalizas y frutas, lácteos, etc.
Los pequeños productoresenfrentancada vez mayores dificultades para acceder a insumos, como semillas, debido a las subidas de precios de esos insumos, la reducción sustancial de los ingresos familiares o la falta de disponibilidad de esos insumos en los mercados.
La reducción de la producción de alimentospodría tener graves implicaciones para la disponibilidad de alimentos. Si disminuye la siembra, también se reducirán las cosechas, lo que significa que las propias familias de agricultores, a menudo entre las más afectadas por la inseguridad alimentaria aguda, y sus comunidades y población en general no podrán acceder más adelante a alimentos nutritivos suficientes.
¿Cómo pueden contribuir los sistemas agroalimentarios, en el contexto de la pandemia, en la alimentación de la población? ¿Cuáles son los retos y oportunidades?
Yery Gallardo: Los sistemas agroalimentarios pueden contribuir al aprovisionamiento de alimentos de calidad y saludables a la población. A encarar procesos de comercialización más directa entre el productor y el consumidor, evitando la intermediación e incremento de precios. Y contribuir a la seguridad alimentaria (en cuanto a la disponibilidad, acceso, estabilidad e inocuidad de alimentos) para superar la pandemia del COVID-19. Existe una correlación entre nutrición saludable y capacidad de respuesta inmune de nuestro organismo frente a cualquier enfermedad, lo cual es posible sólo accediendo a una oferta constante, diversidad y calidad de alimentos.
Entre las oportunidades se tendría una alta demanda de alimentos saludables, libre de agrotóxicos.
Uno de los retos es desarrollar protocolos de bioseguridad para encarar procesos innovadores de comercialización seguros. Segundo, desarrollar guías y buenas prácticas para los actores a lo largo de toda la cadena agroalimentaria; a la preocupación sobre la inocuidad ahora se agregan las alarmas sobre la salud de sus operarios y cualquier posible contagio hacia los consumidores. Y tercero, asegurar la producción y comercialización de alimentos en tiempos de pandemia.
¿Cuáles son los desafíos para trabajar como colectivo nacional el 2021 en el tema de seguridad alimentaria?
Yery Gallardo: Se debe generar espacios de construcción de alternativas y estrategias para apoyar a la agricultura familiar campesina en todos sus procesos productivos y de comercialización en el marco de la pandemia. Que no sea solo libre (la producción) de agrotóxicos, sino libre de COVID y otros virus. Por último, apoyar a generar sellos de garantía e inocuidad.
Debemos seguir trabajando en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), adoptar el tema de la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE por sus siglas en inglés) y no dejar de lado que va cazado al tema del Acuerdo de Escazú, nos explica Rodrigo Meruvia, Coordinador General de la Fundación Gaia Pacha, institución miembro del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), que hace un balance del 2020 en el tema de Cambio Climático y las perspectivas en este 2021.
¿Cuál es el balance del 2020 en Bolivia respecto a las políticas y normativas en el tema de Cambio Climático?
Rodrigo Meruvia: “El año 2020 ha sido un año bastante particular, a nivel internacional teníamos cierta agenda que seguir en el tema de cambio climático, entre ellas, estaba el tema de las NDC’s a nivel Bolivia para presentar nuestra actualización en cuanto los compromisos que nos estábamos marcando, pero lamentablemente el tema de la pandemia no ha permitido, de alguna forma, llevar adelante esta acción y por otro lado, la inestabilidad sociopolítica que hemos vivido como país, la falta de gestión, el cambio de autoridades y la falta de seguimiento a todas estas políticas desde octubre de 2019.
Bolivia lamentablemente en temas de cambio climático y en las políticas de gestión pública no ha hecho nada; hemos estado con un interinato prácticamente hasta el 20 de diciembre dentro de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra el 2020 y claro no tenían ni la capacidad, ni la posibilidad técnica y operativa para llevar adelante esto.
Por otra parte, varias organizaciones de la sociedad civil se han articulado a una iniciativa de poder generar propuestas alternativas a esta inacción por parte del sector público en temas de Cambio Climático, la agenda de las NDC´s, Acuerdo de París, Acuerdo de Escazú, que son muy importantes y que van relacionadas con la Agenda ACE y el empoderamiento climático”.
¿Cuáles han sido los hitos principales el 2020 en el tema de Cambio Climático y cómo éstos han afectado a los sistemas de vida?
Rodrigo Meruvia: “Quizás se puede mencionar algunos temas positivos a nivel de política local, en algunos departamentos, como el fomento del uso de la bicicleta que puede ir ligada a la reducción de los gases de efecto invernadero; pero hablando como país, el 2020 ha estado marcado por un tema de inacción en temas de cambio climático, no se ha avanzado en esta gestión de políticas que vayan en beneficio de enfrentar el cambio climático.
El 2020 ha estado marcado nuevamente por: la pérdida de bosques, una serie de normativas que van en beneficio del cambio de uso de suelo, siendo este un rubro considerado como el que mayor aporte tiene en gases de efecto invernadero a nivel mundial. Además del apoyo al sector de la Agroindustria a través de normativas de fomento al uso de semillas transgénicas que traería una rentabilidad económica y comercial, entre comillas, para este sector que representa solo el 10 por ciento dentro de la comunidad productiva de nuestro país, pero que es un sector que tienen una huella de carbono bastante grande; entonces lamentablemente ha sido un año bastante negativo en términos de cambio climático para Bolivia.
Ahora, hablando a nivel región hay algo muy importante que se debe resaltar y que se debe hacer eco del esfuerzo, es el tema del Acuerdo de Escazú, aunque muy poco ha sido tocado dentro de nuestro país; es un hito muy importante ya la entrada en vigor de los 11 países firmantes con los dos últimos países firmantes como son México y Argentina; es un acuerdo del cual las organizaciones de la sociedad civil y las personas individuales que trabajan en derechos humanos, derechos indígenas, derechos ambientales nos podemos empoderar y utilizar esta herramienta. Creo que es un acuerdo muy importante al ser vinculante en nuestra región y que puede llevar a exigir a nuestras autoridades a nivel local y nacional que asuman la responsabilidad de este tipo de políticas no solo en temas de cambio climático, sino ambiental”.
¿Qué opinión le merece que el agua ahora se cotiza en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street y cómo podría afectar a Bolivia?
Rodrigo Meruvia: “Es preocupante porque lo que pasaría en nuestra región y lo que pasaría en nuestro país en un futuro es que nos tendremos que regir a este estándar que se pondría en mercados internacionales para cobrar el agua a nivel local. Habría que hacer un análisis por diferentes sectores, por ejemplo, qué pasa con el tema de lo productivo, qué pasa con el agro que pasaría con las políticas internas de cada país, por ejemplo, acá (en Bolivia) se maneja todavía las mitas de agua en las comunidades de valle, cómo se haría si nos tendríamos que regir a estas normas internacionales o alguien podría privatizar tal vez algún cuerpo de agua y venderlas y tasarlas a un precio internacional, entonces hay mucho análisis por hacer.
También deberíamos estar preocupados en la actualidad es por la escases o el uso inadecuado del agua que está llevando a que se tengan este tipo de medidas, que se vea el agua como un recurso finito y que pronto va a llegar a valer más que el petróleo y el oro; no digo que sea justificable, pero creo que debemos hacer un profundo análisis sobre qué podemos hacer en el presente para poder tener la disponibilidad de agua, de cuidar nuestras fuentes de agua, nuestras cuencas, nuestros glaciares y empezar a tomar medidas para reducir los efectos del cambio climático y claro países como los nuestros son los más vulnerables ante esto”.
¿Cuáles son los desafíos que el GTCCJ tiene como colectivo nacional, en el contexto de la pandemia, en el tema cambio climático?
Rodrigo Meruvia: “Como colectivo debemos seguir trabajando en las NDC´s cazado a ello tenemos que adoptar el tema de la Agenda ACE, no dejar de lado que va cazado al tema del Acuerdo de Escazú, esta agenda que tiene que ver con el empoderamiento climático y con el acceso a información ambiental es un tema que se debe abordar muy bien desde el GT.
Por otro lado, está la generación de información local, es necesario fomentar el tema de investigación, generar datos, esta fundamentación técnica que respalda, en el cual podemos basarnos más allá de la percepción colectiva, para generar procesos educativos, de formación con la sociedad civil y formar una masa crítica que de alguna forma exija a sus autoridades tomadores de decisiones, políticas para enfrentar el cambio climático”.
El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ Bolivia), es una red interinstitucional boliviana qué tiene una trayectoria de trabajo desde hace 11 años.
En este contexto, se invita a profesionales con experiencia y compromiso, que aporten en el componente comunicacional orientando a la incidencia en un contexto de trabajo en red y desde los desafíos planteados como colectivo:
El taller contó con la participación y exposición de Antonio Zambrano (Perú), Joilson Costa (Brasil) y Tania Ricaldi (Bolivia), especialistas de la REDTEP, quienes socializaron información sobre la situación actual de las políticas energéticas en cada país y las medidas necesarias para una transición energética popular y justa.
Los expositores indicaron que en los tres países la matriz energética todavía depende de las energías fósiles (hidrocarburos) y la visión que tienen los estados y gobiernos es desarrollista. Las actuales políticas públicas apuntan a fortalecer el modelo de desarrollo extractivista/agroextractivista afectando al medio ambiente, a los derechos territoriales y a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.
En ese contexto, la transición energética hacia energías renovables es necesaria y América Latina tiene mucha potencialidad en este tipo de energías, que pueden cubrir la demanda energética. Por ejemplo, en Perú existe un atlas de energía eólica, geotérmica y otras energías; se puede plantear procesos de industrialización y generación de empleos verdes, manifestó Antonio Zambrano, del Movimiento Ciudadano Contra el Cambio Climático – MOCICC (Perú).
Asimismo, Joilson Acosta del Foro Cambio Climático y Justicia Socioambiental (FMCJS- Brasil) indicó que la transición energética debería ser justa, inclusiva y popular, localizada e independiente de la energía eléctrica, además de ser descentralizada para que las personas puedan contribuir en ese proceso.
La transición energética popular y justa debe generar procesos de participación ciudadana, la construcción de procesos de gobernanza efectiva en el que la población sea productora y consumidora de la energía; generando economías locales que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones, indicó Tania Ricaldi del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia de Bolivia.
En el taller también estuvo como expositor el periodista brasileño Mario Osava, quien compartió sus impresiones sobre el tratamiento periodístico en esta temática y los casos que ha realizado seguimiento; indicó que en la actualidad hay mucho por abordar por parte del periodismo tradicional en especial los casos de megaproyectos y sus impactos. Por otra parte, la utilización de energías alternativas permite un cambio de paradigma en el desarrollo y la toma de decisiones a partir de la comunidad, cambios a los que los periodistas deben estar atentos para su difusión y sensibilización, puntualizó.
El taller finalizó con preguntas de los periodistas; consultaron sobre las limitantes para una transición energética en los tres países. Los expertos coincidieron que una de las limitantes es la falta de una mirada integral en los procesos de gestión y planificación en el tema energético y su apuesta por las energías alternativas.
La REDTEP impulsa este y otros espacios de diálogo e intercambio de información con periodistas para ampliar el análisis e incidencia social en el tema de transición energética popular y justa, y las energías alternativas.
Bolivia sigue dependiente de energías no renovables, más del 90% de la energía que se produce y consume, es de origen fósil, Francesco Zaratti, analista en energía, nos explica porqué la transición energética no es elección libre, sino una necesidad urgente.
¿Qué son las energías renovables, y por qué son importantes para Bolivia?
Francesco Zaratti: “Las energías renovables, como dice el mismo nombre, son energías que tienen un carácter inagotable y cíclico. Es decir, uno las utiliza, y las puede volver a utilizar. El ejemplo típico es el viento. El viento sopla, y hace mover unas palas de molino. Pero el viento siempre está soplando. Y lo mismo pasa con el sol. En teoría, ninguna fuente es inagotable, pero es cuestión de tiempos. La energía del sol se agotará en 5 mil millones de años, así que, a escala humana, esa es una energía inagotable. La diferencia es con las fuentes fósiles. Los fósiles han necesitado millones de años para ser producidos a gran profundidad en el suelo, y se necesitan pocos años para gastarlos. Entonces, ahí está la diferencia. Una vez que un pozo de petróleo se haya agotado, ya no produce más. Hay que buscar otro pozo, el cual también se agotará.”
¿Cómo está la situación de las energías renovables en Bolivia?
Francesco Zaratti: “La situación de Bolivia se basa en que las energías que Bolivia explota son mayormente no renovables. Más del 90% de la energía que produce, y más del 90% de la energía que consume, es de origen fósil, básicamente hidrocarburos. Bolivia no es un país rico en carbón. Y éstas son reservas de fuentes de energía que se van agotando. Esta es la situación actual, y esta situación se está volviendo insostenible. ¿Por qué? Justamente por la naturaleza de las energías no renovables. Los pozos se van agotando, y además se van empobreciendo en el contenido de líquidos, lo que obliga a importar siempre más gasolina y diésel.
Se intenta paliar esa situación con la producción de biocombustibles. Pero los biocombustibles están lejos de ser una energía renovable. No son renovables no solo por el alto costo ambiental que tienen – sino que también tienen un costo de subsidios, que, en otras palabras, significa que son más caras que los combustibles tradicionales como la gasolina y el diésel. Frente a esta situación – y esto me parece importante subrayarlo al margen de los compromisos internacionales que ha asumido el país – el verdadero motivo para preocuparse de migrar hacia las energías renovables es la escasez a mediano plazo, y la casi ausencia a futuro, de energías fósiles en el país. Por lo tanto, es importante que se empiece a pensar seriamente en reemplazar las energías fósiles por energías renovables.
¿Que se ha hecho hasta ahora en el campo de las energías renovables? Se ha hecho poco y mal, a mi criterio. Se ha hecho poco porque tenemos tres o cuatro plantas fotovoltaicas. Son proyectos aislados como el proyecto eólico en Cochabamba. La política no entra en un plan de transición energética, no está dentro de una planificación que implica una sustitución de los fósiles por la energía renovable.”
¿Qué es la transición energética, como se puede aplicar en Bolivia y porque es importante?
Francesco Zaratti: “Es, más que una elección libre, una necesidad frente al agotamiento de las fuentes tradicionales y no renovables que son el gas y el petróleo. Entonces, frente a esto, hay que emprender un camino de transformación. Esta es la transición energética, hay que transitar de un modelo en el cual la energía eléctrica se genera a partir de fósiles – de gas básicamente, ya no se usan hidrocarburos pesados – a una situación nueva adonde la energía eléctrica se genera a partir del agua, a partir del sol, a partir del viento, y eventualmente, a partir del calor geotérmico. Esta transición no es una transición que ocurrirá de un día para el otro, es un proceso que puede llevar 20 o 30 años, por lo menos, y que implica diversificar la matriz energética. Obviamente la electricidad renovable coexistirá junto con las fuentes tradicionales, inclusive las no renovables. Pero la transición energética es un proceso, un camino que lleva a tener una participación siempre mayor de energía eléctrica generada a través de fuentes renovables y no tradicionales.”
Entonces Bolivia es un país con potencial de energías renovables, ¿por qué sigue teniendo ese mayor uso de energías fósiles en comparación?
Francesco Zaratti: “Es un poco la historia, la abundancia de las fuentes fósiles, primero petróleo, después gas, que han hecho que nos acostumbremos a estas energías. Al mismo tiempo nos hemos acostumbrado a pagar poco, a pagar menos por esa energía que el Estado está subvencionado. ¿Con qué se subvenciona? Evidentemente con los ingresos de la exportación de estos recursos naturales no renovables. Pero este juego ha llegado a un punto de no sostenibilidad ya que lo que se exporta es cada vez menos y se está agotando, mientras que los subsidios son cada vez mayores ya que el consumo ha crecido. Y la infraestructura que se ha creado en el consumo de energía está en función de las energías fósiles – esto hace que sean tan populares. Uno tiene estaciones de gasolina o de gas en todas las carreteras y en todas las ciudades. Por eso la transformación energética, este plan de transición, implica también una transformación profunda de infraestructura.
La transición energética es una necesidad. Tiene un costo, y tenemos que acostumbrarnos al nuevo costo; pero también a educarnos, a utilizar más eficientemente la energía. Empezando, por ejemplo, por las familias, que no dejen la luz encendida en un cuarto donde nadie esté. O tres televisores encendidos en tres habitaciones de la casa sin que nadie esté mirando, ya que esto es realmente un malgasto de energía, es echar la energía a la basura, y evidentemente es aumentar los daños ambientales.”
Adriana Montero de Burela, Coordinadora Nacional del GTCCJ Bolivia
“Nos preocupa mucho el fuerte incremento del uso de agroquímicos en Bolivia y el auge de transgénicos, un desarrollo equivocado que está vinculado con la extensión de la frontera agrícola en nuestro país. Y lo que ahora más se cultiva de forma industrial es soya, que es un cultivo para satisfacer la demanda del mercado internacional. Se piensa más en el agro negocio, en vez de en la seguridad y la soberanía alimentaria. Y esta situación está perjudicando la salud de la población, de nosotros y nosotras.
Nosotros como INCADE somos parte del GTCCJ, y como INCADE y GTCCJ trabajamos con el tema de alimentación saludable y producción sana. Hay una frase que dice: Somos lo que comemos. ¿Pero qué compramos y comemos?, porque hay alimentos de manera procesada que tienen muchos aditivos y adictivos. ¿Qué alimentos producimos y de qué manera los producimos? Nos preocupa el aumento de personas en todo Bolivia que sufren de enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, los problemas cardio respiratorios, el cáncer. Y sobre todo cómo estas enfermedades afectan a niñas y niños.
Por eso decidimos: Tenemos que investigar cómo se producen los alimento que llegan a nuestros platos, que cantidad de agroquímicos se utilizan. Como eso es un tema donde se gana mucho dinero y donde hay mucho interés del agro negocio, nos juntamos como colectivo de instituciones del GTCCJ, por que el GTCCJ tiene un área de trabajo en alimentación, que es vinculado con la agroecología. Para respaldo académico de la investigación logramos involucrar a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRAM) en Santa Cruz de la Sierra, a través del Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades (INIFH). Y recibimos apoyo de las organizaciones Misereor y Pan para el Mundo, que tienen experiencia con el tema a nivel internacional.”
¿Cuál fue el tema exacto de la primera fase de la investigación?
“Notamos que el tema de agroquímicos en la producción agrícola es muy amplio y por eso dividimos la investigación en dos fases. También decidimos de no solo investigar la situación en una comunidad o una zona del departamento de Santa Cruz, sino en cuatro zonas representativas, y de estas zonas elegimos cuatro comunidades: Yateirenda, Hardeman, Nuevo Palmar y Los Negros.
En la primera fase investigamos a través de 500 entrevistas con agricultores en estas cuatro zonas cómo se aplican los agroquímicos, cómo se manejan los agroquímicos en el campo. Preguntamos: ¿Quienes participan de la familia en el proceso de compra, almacenamiento y uso de los agroquímicos? ¿Cómo se protegen contra los agroquímicos, y qué hacen después con las herramientas de aplicación y con el agua que usan para lavarlas? Claro que también nos interesaba saber qué agroquímicos se utilizan más, que insecticidas, herbicidas y fungicidas se aplican más. De esta primera fase ya publicamos un reporte de la investigación: “Uso y manejo de agroquímicos en la producción agrícola“.”
¿Y cuáles fueron los resultados principales de esta primera fase?
“Los resultados fueron muy preocupantes, especialmente respecto al agua. El agua potable es un gran tema para nosotros como GTCCJ e INCADE. Lo lamentable es que se usa agua potable para la preparación de agroquímicos, y cuando se lavan las herramientas con las que han aplicado, en muchos casos el agua contaminado con agroquímicos se vierte al mismo chaco, incluso en el mismo patio de las casas. ¿Entonces qué pasa? Se contamina nuestro agua subterráneo que está para el consumo de agua potable. Entonces el uso de agro químicos causa una gran contaminación de nuestros acuíferos.
Otro resultado preocupante que encontramos es que un tercio de las personas mientras están aplicando los agroquímicos en el campo, no utiliza protección adecuada. Además, muchas personas están masticando coca y fumando, con las mismas manos con que están usando la fumigadora. Eso es una fuente muy probable de enfermedades causado por agroquímicos. Además, muchas personas no toman en cuenta las recomendaciones de protección en las etiquetas de los químicos.
Muy preocupante es especialmente, cómo los agroquímicos afectan hasta las familias. ¿Quién lava la ropa después de fumigar? En muchos casos son las mujeres. Entonces hay un contacto directo con agroquímicos. Hasta en un porcentaje bajo también están involucrados niñas, niños y mujeres en la aplicación de agroquímicos. Además, un gran porcentaje de familias guarda los agroquímicos dentro de la casa. Entonces están conviviendo con los agroquímicos en la casa constantemente. Muchas familias usan los envases de los agroquímicos, apenas unas dos, tres lavados, para llevarse agua a la casa, incluso para comprar aceite para la cocina.
En resumen, hay un muy alto riesgo de contaminación de muchos ángulos. Pero falta una política pública de protección, no hay una precaución, no hay cuidado.”
La investigación seguirá con una segunda fase, ¿cuál será el objetivo y cuál será el objeto de investigación?
“En la segunda fase de la investigación, que se está ejecutando en las mismas cuatro comunidades donde se hizo la primera fase, estamos tomando pruebas biológicas: Investigamos residualidades de cuatro tipos en el cuerpo humano, de órganos fosforados, de órganos clorados, de glifosato, incluso de genotoxicidad. Para esta segunda fase vamos a tomar pruebas de sangre, de orina, de mucosidad de la boca. En la primera fase nos apoyó la UAGRM, para la segunda fase además hemos logrado involucrar la Universidad Católica Boliviana en Santa Cruz. Y también se ha sumado la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, porque allí tienen la experiencia de hacer pruebas de genotoxicidad.
Queremos que sea un estudio completo, que nos muestre cómo estamos acumulando residuos de agro químicos en nuestro cuerpo por ingestión, por inhalación, por contacto con substancias que se usan en la agricultura. Y el agroquímico más usado, eso es un resultado de la primera fase de nuestra investigación, es glifosato. Muchas personas piensan que no se envenan con agroquímicos porque no tienen contacto directo, pero solo respirar el aire que está contaminado con agroquímicos y nos afecta, peor en zonas donde se fumiga con avioneta.
En el primer semestre de 2020 esperamos tener un reporte de la segunda fase similar a lo de la primera etapa. Así podemos comunicar los resultados y la gran importancia del tema a la población, para lograr cambios e incidencia, para promover alternativas de producción, para movilizar a la población. Porque el uso de agroquímicos en Bolivia es un tema que nos afecta a todas y todos, y aquí ni hay edad, ni sexo, ni clase social, nos todas y todos que comemos. Y tenemos el derecho de una alimentación que nos nutre y que es sana.”
Analizar la problemática agraria en el actual contexto boliviano, debe conducirnos a revisar hitos importantes desde la normativa boliviana que favorece al agro extractivismo y su tremenda carga ambiental y social para el país en desmedro de la soberanía alimentaria
Del discurso no se gana
Durante el llamado proceso de cambio, el gobierno boliviano fue promulgando normas para incentivar la pequeña agricultura familiar campesina, bajo el discurso de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía, considerando temas no resueltos a saber: uso y tenencia de tierra, importación fronteriza y descontrolada de productos alimentarios, débil institucionalidad para la inversión pública en la pequeña agricultura entre otros.
Entre las normativas destaca el Plan Nacional de Desarrollo “Para el Vivir Bien” de 2006, el Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo Digno de 2009 y la Estrategia Plurinacional de Economía Solidaria y Comercio Justo de 2010. Fueron aprobadas importantes leyes: la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en 2010; la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria en 2011; la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien en 2012; la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal de 2012; la Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas Originarias (OECAS) y de Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM) para la integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria de 2013; y la Ley General de Cooperativas de 2013.
Wanderley,2018
Sin embargo, y paralelamente a este conjunto de normativas a favor de la agricultura familiar de base campesina e indígena, se ha ido promoviendo también normativas a favor del agro extractivismo como nuevo patrón productivo en Bolivia, generando fuertes contradicciones entre el discurso sobre el vivir bien y el cuidado de la Madre Tierra y las implicancias de una agricultura basada en la extracción de recursos naturales.
Ley N°337 Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques
Artículos: 1-3-4-8
7 de Mayo de 2013
Decreto Supremo N°1578
Reglamento Ley N°337
26 de Febrero de 2014
Ley N°502 Ampliación del plazo y modificación a la Ley N°337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques
Artículos: 1
29 de Septiembre de 2015
Ley N°740 Ampliación del Plazo de verificación de la Función Económica Social
Artículos: 3
29 de Septiembre de 2015
Ley N°741 Autorización de desmonte hasta 20 hectareas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivdas para actividades agrícolas y pecuarias
Artículos: 1-3-4
23 de Mayo de 2017
Ley N°952 Plazo de registro al Programa de Producción de alimentos y restitución de bosques Leyes N°337,N°502, N°739
Artículos: 1
15 de Septiembre de 2018
Ley °N1098 Producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal
Artículos: 1-7-8-10
En el gráfico 1, puede evidenciarse que desde el año 2011 con la Ley 144, si bien se restringe el ingreso de semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, la soya no es originaria de Bolivia por lo que las restricciones no aplican a este cultivo. A partir de la Ley 144 se legitima el ingreso de organismos genéticamente modificados y el paquete tecnológico que implica su producción.
El año 2013 (enero) la Ley 337 permite el saneamiento de desmontes y deforestación de bosques, legitimando la ampliación de la frontera agrícola y- tendrá una duración de cinco (5) años a partir de su reglamentación. El mismo año y meses después, se reglamenta la Ley 337, a través del Decreto Supremo N°1578. El año 2014, la Ley 502 amplía por primera vez los plazos para la aplicación de la frontera agrícola, establecidos en la Ley 337.
En abril de 2015 en el marco de la Cumbre Sembrando por Bolivia, el presidente Morales anunció su intención de ampliar la frontera agrícola de 3,5 a 4,7 millones de hectáreas a través del plan de Desarrollo Económico y Social 2016 -2020.
Meses después de la Cumbre Sembrado por Bolivia, se tuvieron tres leyes paralelas y conducentes a la reforestación. La Ley 739 llamada del “perdonazo agrícola”, a favor de empresarios agroindustriales por los desmontes de bosques realizados sin autorización. Esta ley amplía cinco años la vigencia de ese programa y en 18 meses el plazo que tienen los productores para registrarse en ese beneficio. Las leyes 740 y 741 autorizan en el primer caso: ampliación del control de la Función Económico Social (FES) y la segunda autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas, y asentamientos humanos legalmente establecidos.
En el año 2017 la Ley 952 en su único artículo menciona la ampliación de la Ley 337 (2013), Ley 502(2014) y Ley 739(2015) hasta finales de diciembre de 2017. Con esta ley se ratifica el apoyo gubernamental a la aplicación de la frontera agrícola, facilitando recursos para su extensión.
La recientemente promulgada Ley 1098 del año 2018, que desde el discurso oficialista Bolivia ingresa en la “era del biocombustible” para el crecimiento económico del país, se contrapone a la postura del gobierno en el 2007 en la que se rechazaba la producción de biocombustible, pero el discurso cambió con esta ley que impulsa la producción de Etanol en una alianza pretenciosa con los agro empresarios del oriente.
Tenemos entonces por un lado una romántica normativa a favor de la pequeña agricultura familiar de base campesina, sin reglamentación y poco fomentada desde la institucionalidad pública, y que paradójicamente es el tipo de producción que “garantiza” la soberanía alimentaria en Bolivia. Y por el otro, un escenario en constante presión ambiental para extraer en el menor tiempo posible recursos naturales para el agro extractivismo. Para concluir podemos ver en:
En marzo de 2018 (Santa Cruz), firma de convenio con industrias y cañeros para la producción de etanol. Fuente: Página Siete
La Cumbre Agropecuaria de abril de 2015, la Agenda 2025, el paquete de leyes y decretos que el presidente ha mandado al Parlamento en agosto de 2015 están generando las condiciones para que la inversión extranjera pase de una escala marginal a una escala significativa: Bolivia quiere ser parte de la liga mayor del agronegocio en América Latina. Por eso el presidente Evo Morales apuesta por ampliar la frontera agrícola en diez años a diez millones de hectáreas nuevas que estarían cultivadas con estos cultivos de exportación.
Urioste, 2016
Agro extractivismo un acercamiento desde la realidad
A lo largo del texto, se ha ido mencionando el “agro extractivismo” como fin de la normativa boliviana a título de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía. Para mencionar cómo entendemos este concepto se recurrirá al trabajo de Eduardo Gudynas, qué utiliza el término “extractivismo agrícola” para referirse a la agricultura orientada hacia el monocultivo, a la agricultura que usa transgénicos, maquinaria y herbicidas químicos, y que tiene poco o ningún procesamiento para su exportación como mercancía. De acuerdo al autor debe considerarse tres dimensiones: 1) La escala (volumen de material extraído); 2) Los impactos ecológicos (intensidad de la extracción) y 3) El destino del producto (semiprocesado y para la exportación) (Gudynas, 2013).
Asimismo, la investigación titulada: Extractivismo agrario: Dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia de Ben McKay (2018) siguiendo al gráfico 2 menciona qué la agro industria no representa el mismo impacto social, ambiental y económico que el agro extractivismo, el cultivo que analiza para esta diferenciación es la soya. Retomando aportes previos de Urioste (2016) a través de la soya; Bolivia quiere ingresar a la liga mayor del agro negocio (aunque su aporte en relación a otros países sea minúsculo).
Agro extractivismo un acercamiento desde la realidad
A lo largo del texto, se ha ido mencionando el “agro extractivismo” como fin de la normativa boliviana a título de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía. Para mencionar cómo entendemos este concepto se recurrirá al trabajo de Eduardo Gudynas, qué utiliza el término “extractivismo agrícola” para referirse a la agricultura orientada hacia el monocultivo, a la agricultura que usa transgénicos, maquinaria y herbicidas químicos, y que tiene poco o ningún procesamiento para su exportación como mercancía. De acuerdo al autor debe considerarse tres dimensiones: 1) La escala (volumen de material extraído); 2) Los impactos ecológicos (intensidad de la extracción) y 3) El destino del producto (semiprocesado y para la exportación) (Gudynas, 2013).
Asimismo, la investigación titulada: Extractivismo agrario: Dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia de Ben McKay (2018) siguiendo al gráfico 2 menciona qué la agro industria no representa el mismo impacto social, ambiental y económico que el agro extractivismo, el cultivo que analiza para esta diferenciación es la soya. Retomando aportes previos de Urioste (2016) a través de la soya; Bolivia quiere ingresar a la liga mayor del agro negocio (aunque su aporte en relación a otros países sea minúsculo).
En esta lectura McKay recalca la naturaleza extractiva de la agro-industria o agro negocio, en la que no necesariamente un cultivo intensivo con demanda de fuerza de mano de obra, manejo productivo-ambiental, determine lo “extractivo” de su proceso. En Bolivia son ejemplos el cacao, café, amaranto entre otros.
Primera dimensión: escala
Siguiendo los datos del INE (2017), la producción de soya en la campaña 2006-2007 era de 1,238,509 Toneladas Métricas (TM) incrementado en la campaña 2016-2017 a 3,018,872 Toneladas Métricas (TM). Y su rendimiento en los mismos años paso de: 1,472 Kg/Hectárea a 2,389 Kg/hectárea. En términos de escala el incremento de la producción y rendimiento de soya ha tenido un crecimiento exponencial, a diferente de cultivos tradicionales bolivianos. Este incremento en la superficie cultivable de soya, en términos de consumo no aporta nutrimentalmente en la dieta boliviana, aun cuando la soya es parte de los 26 productos priorizados en la canasta familiar. El consumo de soya se traduce en alimento balanceado para pollos, y que en pocos años estamos naturalizando una pollificación del consumo en las urbes y alimentaria y qué para el agro extractivismo si no suma, es mejor obviarla.
Segunda dimensión: impactos ecológicos
La segunda dimensión muestra un aspecto irreversible tal como se ha visto en el punto anterior de normativa, legitimado desde introducción de semillas transgénicas, deforestación para la ampliación de la frontera agrícola y el uso de aditivos de origen vegetal. El agotamiento de los recursos naturales afectará a la pequeña agricultura familiar de base campesina e indígena, consumiendo alimentos importados que los producidos localmente.
Gráfico 2. ¿Agro-industria o agro-extractivismo en Bolivia?
Fuente: McKay (2018)
Comercio hormiga de papa en Desaguadero
Fuente: La Razón
Tercera dimensión: destino del producto
Bolivia por muchos años ha basado su matriz productiva en constituirse como exportador de materias primas, en el caso de la soya esta no es la excepción. Factores de producción como la tierra, posibilitan un negocio a manos llenas de inversiones extranjeras y concentración de tierras para la producción de soya en grano y dirigidos hacia mercados internacionales. Según datos del INE (2017): la producción de grano de soya alcanzará este año a 2,7 millones de toneladas, de las que 800.000 son para el mercado interno y el saldo para su exportación como grano o en productos con valor agregado harina y aceite.
Finalmente, esta aproximación sobre agro extractivismo es importante mencionarla, para evidenciar el alcance al referirnos a la agroindustria/agro negocio y al agro extractivismo, una dimensión poco explorada pero que encarna una realidad cada vez presente en la agricultura boliviana.
A modo de conclusión
Repasar este conjunto de normativas y de un acercamiento al agro extractivismo vinculado a la apuesta del actual gobierno boliviano, nos anuncia que los sectores considerados para el crecimiento económico: hidrocarburos, energía, agricultura, minería, refuerzan el patrón extractivista.
Abordar la cuestión de la seguridad y soberanía alimentaria no debe remitirse a una compresión parcial de una problemática amplía, ya no es suficiente hablar de una producción, comercialización y consumo sano de alimentos, debe interpelarse el sistema agro alimentario que persiste con lógicas perversas, como es la soya y el extractivismo en Bolivia.
Plantearse desafíos en este contexto no es fácil, lo que no significa que debamos aceptarlo, muchas personas organizadas se encuentran avanzando en esta compresión y desde sus capacidades/posibilidades se encuentran trabajando en salidas de largo alcance, pero compatibles con una filosofía de vida basada en el cuidado de la naturaleza y madre tierra.
Bibliografía
Ben McKay (2018) Extractivismo agrario: Dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. Fundación Tierra. Bolivia. En web.
Urioste, M (2016) Entrevista: Bolivia quiere ser parte de la liga mayor del agro negocio en América Latina. En: Ni Pan ni circo: historias de hambre en América Latina/Tadeu Breda … [et. al]; editado por Omar Rincón; Florencia Grieco. 1ª ed. Ciudad Autonoma de Buenos Aires: Nueva Sociedad. Friedrich-Ebert-Stiffung. En web.
Wanderley, F (2018) Artículo: Extractivismo y traición a los pueblos indígenas del TIPNIS. En Cuestión Agraria: Tema Central: TIPNIS. Revista Boliviana de Estudios Agrarios y Rurales. Volumen 4. Fundación Tierra. Bolivia. En web.
INE (2018) Instituto Nacional de Estadística. En Web.
Para reforzar conocimientos y conocer diferentes iniciativas de agricultura familiar, el 4 de diciembre el GTCCJ Cochabamba organizó en Santivañez la segunda parte del intercambio entre los productores urbanos de plan700 y los agricultores familiares de Santivañez.
El encuentro era la segunda parte de este intercambio organizado por el GTCCJ Cochabamba. Fue muy interesante ver que a pesar de grandes diferencias en los huertos (huertos urbanos pequeños donde se aprovechan al máximo el espacio incluyendo hasta estructuras verticales y huertos más amplios en el área rural donde es muy notorio que es muy beneficioso combinar el huerto con la cría de animales menores) todos los participantes comparten experiencias comunes.
El día 9 de diciembre de 9 a 18 hrs., se invita a la 2da Feria Agroecológica “Eco Huertos”, la misma es sugerida y creada por los productores de las comunidades de Catachilla y Rancho Nuevo del Municipio de Santivañez. El lugar de la feria es el camino a Santivañez, bifurcación al parque industrial. Se tendrán productos agroecológicos, como ser semillas, comida, plantines, hortalizas y otros productos; todos producidos en la zona y sin intermediarios.
Esta feria es apoyada por el proyecto Resiliencia de los Sistemas Productivos y Alimentarios Locales frente al Cambio Climático. Es un proyecto conformado por: Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU), Universidad Católica Boliviana “San Pablo” – Cochabamba (UCB), GTCCJ regional Cochabamba, Fundación Alerta Verde y Fundación Gaia Pacha.
Alumnas y alumnos de seís unidades educativas explicaron en la “Feria de la alimentación” en Cochabamba sus experiencias con la producción de hortalizas orgánicas para el autoconsumo.
